En noviembre del año pasado, la promesa de campaña de Gabriel Boric se cumplió: Punta Peuco, que alberga a condenados por violaciones a los derechos humanos, dejó de ser un centro penitenciario especial y pasó a depender de Gendarmería como penal común. La medida, que buscó reforzar la igualdad ante la ley, fue presentada como una adaptación necesaria del sistema a sus necesidades estructurales.\n\nHoy, José Antonio Kast, líder de la derecha, cuestiona ese cambio y advierte sobre un posible retroceso en la política penitenciaria. Durante una visita a la Región de Atacama, Kast dijo que no comparte lo decidido por Boric y propuso, entre otras cosas, una pena alternativa para condenados de avanzada edad o con enfermedades graves.\n\nEl exabanderado de ultraderecha señaló que los reglamentos penitenciarios permiten reordenar la situación y que personas condenadas por distintos delitos pueden ser separadas. Mejorar el orden de las cárceles es parte del reordenamiento del funcionamiento del Estado, afirmó, enfatizando que en temas de derechos humanos no comparten varias medidas del Gobierno.\n\nEl debate tiene implicaciones políticas claras. Para el Gobierno, la medida representa una consolidación de una reforma que busca igualdad de trato; para la derecha, es un posible retroceso que podría influir en la opinión pública y en el rumbo de la seguridad.\n\nEste cruce evidencia la tensión entre memoria histórica y seguridad pública en un país que aún lidia con el legado de la dictadura. Se esperan pronunciamientos oficiales sobre si se mantendrá o ajustará lo avanzando en Punta Peuco, con miradas también puestas en cómo repercutiría en el discurso político y electoral.