Caso Andes Iron queda en manos de la Suprema Ministros se inhabilitan en caso Dominga y causa se definirá en Santiago Un nuevo antecedente se suma a la tramitación judicial vinculada al proyecto minero-portuario Dominga, luego de que los ministros del Tribunal Ambiental de Antofagasta presentaran su inhabilidad para conocer la causa nuevamente. En concreto, se trata de los jueces Alamiro Alfaro, Marcelo Hernández y Sandra Álvarez, quienes decidieron abstenerse de emitir un nuevo pronunciamiento respecto del proyecto.
Cabe recordar que el 9 de diciembre de 2024, el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta anuló el rechazo del Comité de Ministros al proyecto Dominga, calificando la decisión de “ilegal” por vicios en el procedimiento y transgresión de la confianza legítima. Este fallo retrotrajo el proyecto y revivió la aprobación ambiental (RCA) obtenida en 2021.
En aquella instancia, tanto Sandra Álvarez Torres como Alamiro Alfaro Zepeda votaron a favor, mientras que el tercer voto fue de Cristián López, no de Hernández, quien no participó en ese fallo específico, ya que debió inhabilitarse anteriormente. En cuanto a las motivaciones para abstenerse los magistrados invocaron la causal establecida en el artículo 195 N° 8 del Código Orgánico de Tribunales, argumentando haber manifestado previamente su opinión sobre el asunto en cuestión, lo que podría comprometer su imparcialidad.
La inhabilidad se funda en su participación en decisiones anteriores relacionadas con la evaluación ambiental del proyecto Dominga, incluyendo la sentencia definitiva dictada el 27 de abril de 2018, así como en lo resuelto posteriormente por la Corte Suprema en septiembre de 2019. Este conjunto de inhabilidades podría generar efectos en la conformación del tribunal y en los tiempos de tramitación de una causa que ha sido objeto de amplio debate judicial, ambiental y político en el país y, por tal motivo, decidieron remitir los antecedentes a la corte especializada de Santiago.
¿QUÉ SE DEBÍA ANALIZAR? Cabe indicar que Andes Iron presentó una reclamación judicial contra el rechazo del proyecto Dominga, acusando que la decisión del Comité de Ministros es ilegal porque contradice fallos previos del Primer Tribunal Ambiental e introduce argumentos que no formaban parte de la controversia original o que ya habían sido resueltos.