El Gobierno Regional de Magallanes, denominado GORE, pagó $797 millones en 2024 por un inmueble en Punta Arenas que no reunía las condiciones mínimas para funcionar como residencia de niños vulnerables. La propiedad, además, pertenecía a un juez de la misma región. Esa combinación llevó la causa hasta la Fiscalía Nacional.

El abogado querellante Juan Srdanovic solicitó al Fiscal Nacional Ángel Valencia la designación de un persecutor especial con dedicación exclusiva para la causa penal seguida contra el gobernador regional Jorge Flies. La solicitud apunta a garantizar imparcialidad en la investigación, dado que los dos involucrados principales ocupan cargos de alta jerarquía en Magallanes.

El inmueble está en Avenida Jorge Alessandri N° 893, Punta Arenas, y el GORE lo adquirió para convertirlo en residencia del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, conocido como Mejor Niñez. La casa no cumplía los requisitos legales de habitabilidad ni de operación. Para intentar habilitarla, se destinaron $432 millones adicionales, lo que llevó la inversión total por sobre los $1.200 millones.

El vendedor era Sergio Vera, juez del Tribunal Tributario y Aduanero de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena. Que el GORE comprara el inmueble directamente a un juez de la región, sin licitación pública de por medio, es parte de lo que motivó la querella.

La Contraloría General de la República, el órgano fiscalizador del Estado, ya había levantado reparos sobre la operación. Según su informe, el GORE no justificó con acto administrativo el mecanismo de contratación directa. Tampoco entregó información completa al Consejo Regional, o CORE, que de todas formas aprobó la compra el 1 de julio de 2024.

"Se hizo un trato directo sin cumplir con las observaciones de la Contraloría, violando la norma legal", afirmó Srdanovic. Como parte de la estrategia procesal, el querellante presentó cerca de treinta diligencias para determinar si hubo delito. La Fiscalía Nacional tiene ahora la última palabra: si Valencia designa un fiscal especial, la investigación saldrá de manos de la fiscalía regional.