La Contraloría General de la República (CGR) ordenó a la Municipalidad de Linares, en la Región del Maule, liderada por el alcalde Mario Meza, a recuperar los dineros pagados al administrador municipal John Sancho Bichet durante el periodo en que estuvo en prisión preventiva, según informa La Tercera. La decisión se enmarca en un proceso de fiscalización que partió tras una denuncia y la entrega de antecedentes y liquidaciones sobre el caso.
La CGR sostiene que las remuneraciones no pueden pagarse cuando el funcionario no está efectivamente trabajando, y cita el marco legal aplicable para sustentar la medida. "el artículo 69 de la ley Nº 18.883 expresa que por el tiempo durante el cual no se hubiere efectivamente trabajado, no podrán percibirse remuneraciones, salvo que se trate de feriados, licencias o permisos con goce de remuneraciones." "Si un empleado ha sido privado de libertad durante un juicio criminal, y por ello falta al servicio, no puede percibir remuneración, pudiendo solamente recibir el pago de las sumas retenidas si el proceso penal termina por absolución o sobreseimiento definitivo, ya que en estos casos debe estimarse que el servidor ha estado impedido para desempeñarse".
Además, el organismo cuestionó la entrega de feriados legales autorizados por el municipio y la presentación de una posterior licencia médica. En ese marco, la CGR determinó que la Municipalidad de Linares deberá gestionar el reintegro de las sumas indebidamente percibidas por Sancho Bichet, por conceptos de los beneficios mencionados precedentemente, y solicitó remitir la información en un plazo de 15 días hábiles para concretar la medida. También indicó la apertura de un sumario administrativo para determinar responsabilidades por los pagos realizados al funcionario, con el mismo plazo.
Este fallo llega como un recordatorio de la necesidad de transparencia y control en la gestión municipal para salvaguardar la confianza pública y la correcta administración de recursos, especialmente en contextos de causas penales que involucran funcionarios y funcionarios cercanos a la toma de decisiones. Para la comunidad de Linares, implica un proceso de revisión y posibles ajustes en los procedimientos de pago durante situaciones de ausencia legal, con miras a evitar quiebres en la institucionalidad local y fortalecer la rendición de cuentas.
