El Tribunal Oral en lo Penal de Cañete declaró culpables este martes a Tomás, Felipe y Yeferson Antihuen Santi y a Nicolás Rivas por el triple homicidio de tres funcionarios de Carabineros, ocurrido la madrugada del 27 de abril de 2024 en el sector Antiquina, en la Ruta P-72, Región del Biobío.

Los jueces Marcos Pincheira, Ricardo Piña y Julio Ramírez emitieron un veredicto unánime contra los cuatro imputados. Según la acusación formulada por la Fiscalía Regional de La Araucanía, encabezada por el fiscal regional Roberto Garrido, los hermanos Antihuen planificaron la emboscada y esperaron a los carabineros cuando estos realizaban una visita de control de medidas cautelares. En el lugar, los tres funcionarios, identificados como el sargento 1º Carlos Cisterna, el cabo 1º Sergio Arévalo y Misael Vidal, fueron atacados con sus propias armas y la camioneta policial fue incendiada junto a los cuerpos, de acuerdo al veredicto.

La investigación del Ministerio Público, que incluyó diligencias de la Policía de Investigaciones (PDI) y peritajes forenses, permitió detener a Felipe y Yeferson Antihuen y a Nicolás Rivas tras cerca de tres meses de indagatoria. Tomás Antihuen logró escapar en primera instancia y fue detenido posteriormente, en marzo. Los cuatro permanecen en prisión preventiva en la cárcel de Biobío, según consta en el expediente judicial.

El proceso oral se extendió por seis semanas, con audiencias que comenzaron el 19 de enero. El tribunal calificó a los hermanos Antihuen como autores y a Nicolás Rivas como colaborador en el homicidio de los tres funcionarios, y respaldó la tesis del Ministerio Público sobre la existencia de una planificación previa al ataque.

El caso tuvo un fuerte impacto político y social. La madrugada del hecho, el Presidente Gabriel Boric viajó acompañado por autoridades de los distintos poderes del Estado para condenar el ataque y coordinar una agenda legislativa de apoyo a Carabineros, institución que en ese periodo enfrentó varios homicidios de funcionarios. El crimen reactivó asimismo el debate sobre la ley antiterrorista en Chile y las medidas de seguridad en zonas de conflicto rural.

Con el veredicto de culpabilidad, los cuatro imputados ahora entran en la etapa de individualización de la pena. El Ministerio Público solicitó que se les aplique cadena perpetua. El tribunal deberá fijar las fechas para esa fase y comunicar la sentencia definitiva, según los plazos procesales vigentes.

La investigación y el juicio siguen siendo la referencia judicial y política sobre cómo el Estado aborda la violencia contra funcionarios públicos en zonas de conflicto rural, mientras las familias de las víctimas y la institución de Carabineros esperan la reparación y garantías de no repetición.