El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó ante el Juzgado de Garantía de Melipilla una querella que describe, según Fastcheck.cl, un presunto sistema organizado de cobro de coimas en la Tenencia de Carreteras de esa comuna.

La acción judicial apunta a seis funcionarios de Carabineros —Luis Orrego Reyes, Claudio Aceituno Fuentes, Cristian Gutiérrez Pérez, Francisco Marrot Martínez, José Romero Cordero y Francisco Palma Huerta— imputados por el delito de cohecho agravado. Además, incluye a dos civiles vinculados al Aparcadero Custodias Nacionales, ACN, Francisco Cortez Loveras y José Luis Carreño Zenteno, acusados como presuntos pagadores del soborno.

Según la querella, los hechos no serían incidentes aislados. Se describen retiros arbitrarios de vehículos, la omisión deliberada de su registro en plataformas oficiales, la fijación de una tarifa por tipo de vehículo —$40.000 por camión y $20.000 por automóvil—, la desaparición de permisos de circulación y la coordinación de los pagos mediante mensajes de WhatsApp. En la presentación se destaca además que la conducta se normalizaba en dependencias de la Tenencia, con frases que aluden al pago previo del permiso.

La denuncia relaciona este patrón con el denominado Caso Grúas, formalizado por el Ministerio Público en 2021, en el que se investigaron prácticas similares de extracción y cobro por la retirada de vehículos. Ese antecedente sirve como marco para entender la posible reiteración de prácticas que afectan la fiscalización vehicular.

Desde la perspectiva institucional, la querella plantea un problema de legitimidad pública. El CDE actúa aquí como representante del interés fiscal y del resguardo del patrimonio del Estado, al acreditar ante el tribunal la existencia de un perjuicio público presunto derivado de la conducta imputada.

Estado del proceso y próximos pasos: la querella está en manos del Juzgado de Garantía de Melipilla. No consta en la presentación información pública sobre detenciones o medidas cautelares concretas. Lo que sigue en lo penal es la tramitación ante el tribunal y la posible investigación o diligencias ordenadas por el Ministerio Público. En lo administrativo, Carabineros puede iniciar sumarios internos y adoptar medidas disciplinarias si se confirman responsabilidades.

Este caso se inserta en un contexto de mayor escrutinio a las prácticas policiales en Chile, marcado por otras causas que han terminado en condenas y sanciones. La investigación judicial y las eventuales acciones disciplinarias serán determinantes para establecer responsabilidad penal y reparar eventuales daños al interés público.