La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) informó este viernes la imposición de multas contra las empresas Interchile, Transelec y Alfa Transmisora de Energía, y sanciones económicas personales para los consejeros del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), por su responsabilidad en el megacorte ocurrido el 25 de febrero de 2025 que dejó sin suministro al 98,5% de los usuarios entre Arica y la Isla de Chiloé.
La investigación de la SEC determinó que el origen del denominado "blackout" se produjo en instalaciones de Interchile, donde hubo intervenciones sin la debida coordinación con el CEN. Por esa razón Interchile fue multada con 180.000 Unidades Tributarias Mensuales, UTM, que la SEC calcula equivalen a más de 12.500 millones de pesos. La UTM, o Unidad Tributaria Mensual, es la unidad tributaria usada en Chile para determinados cálculos fiscales y sancionatorios.
El expediente además evaluó la disponibilidad y respuesta de infraestructura considerada crítica para restablecer el servicio, en particular los sistemas SCADA, sigla en inglés de Supervisory Control and Data Acquisition, los sistemas de supervisión y control que permiten monitorear la red y recuperar la normalidad tras una contingencia. Por deficiencias en la mantención de las instalaciones de respaldo del SCADA, Transelec recibió una multa de 80.000 UTM (cerca de 5.500 millones de pesos) y Alfa Transmisora fue sancionada con 50.000 UTM (aproximadamente 3.500 millones de pesos).
La SEC también responsabilizó a los consejeros del Coordinador Eléctrico Nacional por faltas en su deber de vigilancia. Cada consejero fue multado con 300 UTM, suma que la entidad estima en casi 21 millones de pesos por persona, y que deberá ser cubierta con el patrimonio personal de los ejecutivos según la resolución.
En un comunicado la SEC indicó que las sanciones deben servir como "una clara señal a la industria eléctrica". La declaración oficial no entregó más detalles sobre posibles recursos o apelaciones presentados por las compañías; la nota de la SEC consigna que aún quedan fases en la investigación, entre ellas las vinculadas a SCADA, al llamado desmembramiento y a los Planes de Recuperación de Servicio.
El megacorte del 25 de febrero afectó a millones de personas y puso en evidencia la vulnerabilidad de una red que se extiende de Arica a la Isla de Chiloé. Más allá del cálculo económico, la sanción reaviva el debate público sobre la resiliencia de la infraestructura eléctrica en Chile, la coordinación entre operadores y reguladores, y la necesidad de sistemas de respaldo verdaderamente robustos en un país que depende de una red larga y heterogénea.
La resolución de la SEC abre además una discusión regulatoria: cuál debe ser el estándar de coordinación entre operadores y el CEN, cómo fiscalizar los sistemas SCADA y qué obligaciones patrimoniales deben pesar sobre los ejecutivos en casos de fallas masivas. Quedan pendientes las próximas etapas del proceso investigativo y la respuesta de las empresas sancionadas, que no fueron detalladas en el comunicado oficial.
La multa de la SEC es, por ahora, una conclusión administrativa que tendrá consecuencias económicas y simbólicas en la industria eléctrica chilena, y probablemente influirá en las discusiones sobre inversiones en redundancia, protocolos de coordinación y la supervisión del sistema eléctrico nacional.