Esta mañana, en el Palacio de La Moneda, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, admitió que no informó a su sucesor, Luis De Grange, sobre el proyecto de cable submarino de fibra óptica con China durante la bilateral que sostuvieron el 13 de febrero.

Muñoz explicó que la propuesta del cable transpacífico, conocida en el debate como China-Chile Express, “estaba en desarrollo” y que por eso la reservó para la reunión bilateral de Telecomunicaciones, considerada por él “un tema un poco más confidencial”. Esa reunión bilateral entre el actual ministro y el entrante estaba programada para el viernes pasado y finalmente no se realizó.

De acuerdo con fuentes de gobierno, el mismo 13 de febrero fijaron el traspaso de la Subsecretaría de Transporte, Subtrans, para el 25 de febrero y la bilateral de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, Subtel, para el 27. Tras desatarse la controversia, Luis De Grange no asistió a la reunión de Subtrans y la cita de Subtel tampoco se efectuó.

El caso llega en un momento de fricción internacional: Estados Unidos restringió visas al ministro Juan Carlos Muñoz y a dos funcionarios por gestiones vinculadas al proyecto de cable con China, según reportes publicados. Ese gesto diplomático global sitúa la controversia en el cruce entre política de telecomunicaciones y seguridad exterior.

En términos de transición, el hecho de que un tema sensible se reserve para una bilateral que luego no ocurre genera una brecha clara en la transferencia de información. El sucesor, Luis De Grange, asumió sin detalles que podían ser relevantes para la coordinación técnica y la evaluación de riesgos. Para la ciudadanía, esto implica incertidumbre sobre quién supervisará decisiones sobre infraestructura crítica y qué criterios de seguridad y soberanía se aplicaron.

Políticamente, la acción deja ganadores y perdedores claros. Pierde la ministraía saliente en términos de transparencia y capacidad de explicar el proceso. Pierde el gobierno en control del relato y en capital político frente a la oposición, que podrá exigir explicaciones en el Congreso. Ganan actores internacionales que ya observan la gobernanza de estas decisiones, y gana la agenda pública, que ahora fuerza mayor escrutinio sobre acuerdos tecnológicos con China.

Históricamente, no es raro que temas sensibles se traten en bilaterales de traspaso, pero la combinación de cancelaciones de reuniones y señales diplomáticas externas eleva el conflicto. A corto plazo, el Gobierno puede enfrentar solicitudes formales de información y mayores preguntas sobre evaluación de riesgos, contratos y participación de empresas extranjeras.

El caso aún tiene áreas oscuras. No se ha presentado en público el contenido del cable ni los términos de la propuesta, y no hay hasta ahora una explicación detallada sobre por qué la información no se compartió antes del 13 de febrero. Lo que sigue será el escrutinio político y la exigencia de claridades técnicas y diplomáticas, además de las posibles medidas que adopten órganos fiscalizadores y la futura administración de Luis De Grange.