La reciente decisión de la Contraloría General de la República de Chile de rechazar la toma de razón de determinados Contratos Especiales de Operación de Litio (CEOL), vinculados al desarrollo del Salar de Llamara, vuelve a poner en evidencia una debilidad estructural en la actual gobernanza del litio en Chile. El país carece aún de una regulación legal sistemática que establezca con claridad el procedimiento, los requisitos y las condiciones bajo las cuales dichos contratos deben ser otorgados.
El pronunciamiento de la Contraloría y el problema institucional La política pública impulsada a través de la Estrategia Nacional del Litio ha avanzado con rapidez en la definición de objetivos y mecanismos de colaboración público-privada para el desarrollo de esta industria. No obstante, su despliegue institucional no ha sido acompañado por una reforma normativa de rango legal que regule de manera orgánica la elaboración, adjudicación y contenido de los CEOL.
Desde esta perspectiva, el reciente pronunciamiento del órgano contralor no debiera interpretarse únicamente como una observación procedimental relativa a un caso específico. Más bien, constituye una señal institucional que vuelve a poner sobre la mesa una cuestión de mayor alcance: la necesidad de dotar al desarrollo del litio en Chile de un marco legal claro, estable y de mayor jerarquía normativa.
Estrategia Nacional del Litio y debilidad normativa Este vacío normativo adquiere especial relevancia si se considera que el modelo actualmente vigente descansa en decisiones administrativas y en instrumentos contractuales definidos caso a caso. En ausencia de una regulación legal sistemática, la arquitectura institucional del sector se configura a partir de decretos, lineamientos de política pública y negociaciones contractuales que, por su propia naturaleza, pueden variar en el tiempo.
Si Chile aspira a consolidar un modelo de colaboración público-privada para el desarrollo de este recurso estratégico, resulta jurídicamente necesario avanzar hacia una ley marco que regule los Contratos Especiales de Operación de Litio. Una legislación de esta naturaleza permitiría estructurar el sector sobre bases plenamente compatibles con los principios fundamentales del derecho público chileno que emanan de la Constitución Política de la República de Chile.