Test de drogas: Hacienda confirma que Quiroz se hizo examen y La Moneda busca desactivar ofensiva de la oposición Tras el instructivo de Contraloría que ratificó el carácter obligatorio de estos examenes "al asumir" el cargo, en el oficialismo había una especial preocupación por el ministro de Hacienda, quien alcanzó a someterse al test dentro del plazo. “A algunos se nos pasó...
El ministro (Jorge) Quiroz va poner al día, hoy día o mañana, cuando vuelva de la exposición que está haciendo en el Parlamento, ninguno de nosotros tiene problema”, señaló el mismo Presidente José Antonio Kast, el pasado 8 de abril, al admitir públicamente que algunos de sus colaboradores no se habían hecho el examen de drogas voluntario que se autoimpuso a inicios de año la entonces oficina del mandatario electo. Aquel día, el mismo Kast se había sometido al test de pelo, ya que tampoco se lo había realizado.
Aunque el Presidente de la República no está legalmente obligado, en esa ocasión La Moneda ya estaba notificada y ya había puesto en marcha un plan para desactivar la ofensiva desplegada por el diputado Daniel Manouchehri (PS), junto a su par Juan Santana y la senadora Daniella Cicardini. Los tres legisladores socialistas habían recurrido a la Contraloría para denunciar a las autoridades del gobierno de Kast (ministros, subsecretarios, delegados y seremis) que producto de una norma incluida en la ley de reajuste del sector público no se había sometido a este control obligatorio “al momento de asumir”.
Esa norma había sido presentada sin mayor publicidad por el mismo Manouchehri en el trámite legislativo y se aprobó sin discusión. El problema es que hasta ese minuto, uno de los ministros que estaba en mora era precisamente Quiroz, lo que lo dejaba en una situación constitucionalmente compleja, ya que una de las causales de una acusación constitucional de un secretario de Estado es simplemente infringir una ley.
Por su parte, el resto de los ministros y colaboradores de Kast que sí se habían hecho el test antes de asumir, no estaban necesariamente a salvo, ya que todo dependía de lo que resolviera la Contraloría. Esa respuesta al requerimiento de Manouchehri, Santana y Cicardini, se conoció este martes, a través de instructivo distribuido por la contralora Dorothy Pérez a todos los servicios públicos.
