La bancada de la Unión Demócrata Independiente, UDI, informó que desde el 11 de marzo impulsará una comisión investigadora por la anulación del decreto que autorizó la instalación del cable submarino China-Chile.

La iniciativa responde, según la UDI, a versiones contradictorias entre autoridades del Ejecutivo sobre el procedimiento. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, afirmó que el decreto no pasó por la Contraloría General de la República y que se encontraba en etapa de estudio, y que la retractación ocurrió antes de una reunión con el embajador de Estados Unidos, identificado en declaraciones como Brandon Judd. En cambio, la ministra Secretaria General de la Presidencia, Macarena Lobos, dijo que Juan Carlos Muñoz sostuvo una reunión con Judd, quien expresó su preocupación, y por eso se bajó el proyecto.

Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, dijo que “el manejo de esta crisis ha revelado una preocupante falta de coordinación y transparencia en el tramo final de este gobierno” y advirtió que los contratos que se firman y luego se anulan afectan la imagen de Chile. Los diputados Jorge Alessandri y Marlene Pérez, ambos de la UDI, añadieron que “aquí ha habido una mentira tras otra por parte de las actuales autoridades” y anunciaron que la investigación parlamentaria comenzará a operar desde el 11 de marzo.

La comisión no solo buscará aclarar los movimientos en torno al cable submarino China-Chile y la razón de la anulación, sino que también analizará presuntos nexos económicos entre el Partido Comunista, Partido Comunista (PC), y actores vinculados a China. En el comunicado se mencionan a Claudio Araya y Guillermo Petersen como dos autoridades afectadas que pertenecerían al PC, sin que el texto precise sus cargos.

En términos políticos, la medida otorga a la UDI la iniciativa para forzar explicaciones formales y ganar visibilidad en la discusión sobre seguridad de las telecomunicaciones y transparencia administrativa. El Gobierno enfrenta un desgaste por las versiones contradictorias. En ese contexto, la Contraloría General de la República puede ser requerida para revisar el procedimiento administrativo y eventual responsabilidad legal.

Históricamente, las comisiones investigadoras en Chile son un recurso parlamentario habitual para fiscalizar la administración pública. Aquí, la comisión puede derivar en solicitudes de información, citaciones a autoridades y, si aparecen irregularidades, acciones legales o políticas mayores. Quien pierde hoy es la confianza ciudadana en la institucionalidad, especialmente en proyectos de infraestructura estratégica. Quien gana es la oposición que logra poner el foco en la gestión del Ejecutivo.

Para el ciudadano común la discusión tiene dos impactos concretos: preocupaciones sobre la seguridad y soberanía de las redes de comunicación, y la percepción de que decisiones públicas se toman sin la transparencia necesaria, lo que puede afectar la confianza de inversionistas y usuarios. La UDI promete comenzar la indagación el 11 de marzo; el curso de la pesquisa marcará si las contradicciones se aclaran o si escalan a un conflicto político mayor en el tramo final del gobierno.