Los Pescadores Industriales del Biobío, liderados por su presidenta Macarena Cepeda Godoy, reaccionaron esta semana tras un informe reciente de la ONG Environmental Justice Foundation (EJF) sobre la situación de la jibia, también llamada calamar gigante. El gremio afirma que la política aplicada desde 2019 ha tenido efectos negativos en la industria y en localidades costeras de la región del Biobío.

Según la organización gremial, desde la entrada en vigor de la Ley 21.134, que en agosto de 2019 excluyó a la pesca industrial de la captura de jibia, se han dejado en el mar cantidades significativas del recurso y se ha afectado la cadena productiva local. El gremio señala que casi 800.000 toneladas de jibia no han sido procesadas desde entonces, que se perdieron alrededor de 1.700 empleos por el cierre de plantas, y que esto equivale a US$1.500 millones en exportaciones dejadas de percibir, según sus cálculos.

El informe de la EJF, la Environmental Justice Foundation, alertó sobre la presencia masiva de buques chinos en altamar, más de 500 según la ONG, que capturan jibia en el límite de la Zona Económica Exclusiva. La Zona Económica Exclusiva, la franja marina de 200 millas en la que un Estado tiene derechos exclusivos sobre los recursos, es clave para la discusión, porque el gremio sostiene que flotas extranjeras operan sin control en su borde y capturan parte del recurso que podría beneficiar a puertos como Talcahuano, Coronel y Lota.

Para Macarena Cepeda Godoy, presidenta de los Pescadores Industriales del Biobío, la medida de 2019 tuvo consecuencias imprevistas. «La Ley de la Jibia es por lejos la peor política pública en materia pesquera en la historia de Chile», afirmó la dirigente, quien añadió que existían capacidades instaladas para retomar la pesca industrial y abastecer plantas de proceso durante todo el año, complementando la faena artesanal.

El debate enfrenta dos ejes: por un lado, la necesidad de conservar un recurso que la EJF considera amenazado por la sobreexplotación en aguas internacionales; por otro, la urgencia local de reactivar empleos, plantas y exportaciones. El gremio propone que la reintroducción controlada de la pesca industrial de jibia podría mejorar la disponibilidad de materia prima para las plantas y fortalecer la posición internacional de Chile como potencia pesquera.

Las autoridades responsables, incluyendo el Ministerio de Economía y la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, no fueron citadas en la declaración del gremio en el texto original. Queda por ver si el gobierno abordará las denuncias de la EJF sobre flotas extranjeras y si evaluará cambios en la regulación para equilibrar conservación, control en alta mar y la reactivación económica en zonas como Talcahuano, Coronel y Lota.

A futuro, la discusión deberá avanzar en controles más efectivos en la Zona Económica Exclusiva, vigilancia de la actividad en el límite de esa zona, y en análisis científicos que permitan una pesca sostenible. El punto central para la región del Biobío es si las medidas públicas seguirán priorizando la protección de la pesca artesanal o si habrá espacio regulatorio para que la industria vuelva a participar sin poner en riesgo la población de jibia.