una nueva arista del denominado Caso Audio, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago resolvió decretar arresto domiciliario total para Verónica Sabaj, exministra de la Corte de Apelaciones. La medida implica que la magistrada deberá permanecer en su domicilio, salvo excepciones legales, mientras avanza la investigación.
El abogado Luis Hermosilla, por su parte, mantendrá sus medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional, en una articulación judicial que busca contener el movimiento de los imputados mientras se desarrollan todas las diligencias.
La Fiscalía solicitó prisión preventiva para Sabaj, imputándole delitos de cohecho, prevaricación judicial y revelación de secreto; sin embargo, el tribunal desestimó esa petición señalando que, si bien existen antecedentes para prevaricación y revelación de secreto, las pruebas por cohecho no serían suficientes por el momento.
La magistrada valoró la situación familiar de Sabaj, quien es cuidadora de una hija menor de edad con necesidades especiales, lo que habría influido en la decisión de aplicar arresto domiciliario total. Lo relevante es que el tribunal, con mucha certeza, dijo que estaban sembrados todos los elementos para entender configurados delitos como la prevaricación judicial y la revelación de secreto, señaló el fiscal Claudio Rebeco, jefe de la Unidad Regional Anticorrupción de Valparaíso, aunque añadió que existen dudas sobre la concurrencia de todos los elementos para el cohecho.
En paralelo, el caso mantiene al otro imputado, Luis Hermosilla, formalizado por el delito de soborno, vinculado a la red de influencias que habría buscado beneficiar al entonces presidente Sebastián Piñera llamado caso Dominga. Según la tesis del Ministerio Público, Sabaj habría pedido gestiones políticas para su nombramiento como ministra de corte en 2020 y, a cambio, habría colaborado con Hermosilla para filtrar información y definir estrategias jurídicas que defendieran al Presidente en ese episodio. La defensa de Sabaj ha insistido en que la exministra buscaba evitar el bloqueo de su nombramiento, mientras que la fiscalía mantiene la lectura de un intercambio de favores dentro de una red de poder en el Poder Judicial y el Ejecutivo. El proceso, que continúa en su fase de toma de pruebas, seguirá su curso en las próximas audiencias y diligencias acordadas por el tribunal.
