La idea no llegó por los canales oficiales. El subsecretario de Justicia, Luis Silva, mencionó en una entrevista televisiva que la cárcel concesionada de Rancagua podría funcionar como "plan B" si el gobierno no lograba avanzar en la extensión del penal Santiago 1. El alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati, se enteró por la prensa.
La molestia fue transversal en la región. El gobernador de O'Higgins, Pablo Silva, rechazó la medida el fin de semana. El lunes, el propio Agliati reforzó esa posición en un punto de prensa. "Este tipo de proyectos debe siempre ser de conocimiento público primero, de manera abierta, transparente hacia la comunidad y con las autoridades regionales y comunales", señaló.
El alcalde fue directo sobre el fondo del asunto. El hacinamiento penitenciario, sostuvo, es un problema que se radica en la Región Metropolitana. "Rancagua no está para resolver los problemas de Santiago, y más aún en un sector rural de nuestra ciudad", remarcó.
Tras la polémica, Agliati dialogó con el subsecretario Silva. Según el alcalde, el funcionario le "aclaró y ratificó que la prioridad para él y para el gobierno sigue siendo resolver Santiago 1". El subsecretario explicó que Rancagua aparecía en un plan mayor que contempla otras diez cárceles en el país, y que fue considerada por su cercanía a la capital. Agliati dijo que la conversación le "transmitió tranquilidad" y agradeció el respaldo de las autoridades regionales.
La negativa tiene también un argumento práctico. La cárcel concesionada que opera en Rancagua lleva 20 años funcionando, y las medidas de mitigación comprometidas para el entorno del recinto aún no se han materializado. Mientras eso no ocurra, cualquier ampliación resulta inviable para la municipalidad, según planteó Agliati.
