La Universidad de Chile recibió el informe jurídico encargado al abogado Andrés Jana que cuestiona el convenio firmado con Azul Azul en 2008. Según La Tercera, el documento llegó con conclusiones categóricas que respaldan la posición de la Casa de Estudios: la relación con la concesionaria del equipo debe sufrir cambios drásticos.
"Sus conclusiones son categóricas y, por ello, reafirmamos nuestra posición sobre la necesidad de establecer un nuevo convenio que asegure la protección del nombre, los símbolos y los valores de la Universidad", explicó la prorrectora Dorotea López. Jana, profesor de la Facultad de Derecho, fue encargado del análisis en mayo pasado.
El principal problema identificado es el desequilibrio en el directorio de Azul Azul. Aunque la Universidad de Chile tiene dos directores en ese órgano (Héctor Humeres y Andrés Weintraub), forman minoría en un grupo de 11 miembros. Eso les impide ejercer voto definitivo, veto o cuidado institucional sobre los símbolos y valores de la institución académica.
Para hacer frente a esta situación, la Universidad conformó un consejo consultivo encabezado por los decanos Gabriel Hernández (Derecho), Óscar Landerretche (Economía y Negocios) y Susana Mondschein (Ciencias Físicas y Matemáticas). También nombró a Ricardo Gamboa como coordinador estratégico para conducir las negociaciones.
La presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, afirmó hace semanas que pidió reunirse con la Universidad, pero ambas partes difieren sobre quién frenó los encuentros. La Casa de Estudios asegura que ofreció diversas fechas que Azul Azul postergó indefinidamente. Pérez, en cambio, afirma que espera la entrega del informe para concretarla.
Pérez sostuvo que la concesionaria cumple a cabalidad con el protocolo del convenio. "Mostraremos colaboración para mejorar aspectos que ellos señalen, pero creemos que tenemos cumplimientos a cabalidad con el protocolo del convenio", expresó.
El plazo para definir cambios no se extiende más allá de enero del próximo año. En ese período también se resuelve la Junta de Acreedores de Sartor, que liquida el 63 por ciento de las acciones de Azul Azul. La Universidad observa atentamente este desarrollo porque el precio final determinará su capacidad de negociación futura.
