La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el informe de la Comisión Mixta de la reforma al sistema político y despachó el proyecto a ley, según Cooperativa. El Senado ya lo había ratificado. La votación terminó con 125 votos a favor, 12 en contra y dos abstenciones.
El cambio central toca la Ley Orgánica Constitucional de Partidos Políticos. Para existir legalmente, un partido nuevo deberá constituirse en al menos ocho regiones. Además, necesitará firmas equivalentes al 0,3% del padrón electoral definitivo de la última elección de diputados.
Los partidos que ya existen también quedan expuestos. La reforma les da 18 meses para reunir el mínimo de afiliados, fijado en el 50% de las firmas exigidas para constituir un partido. Si no lo logran, el Servicio Electoral (Servel) podrá extender el plazo. Sin embargo, al final arriesgan desaparecer en las regiones donde no alcancen la meta.
Eso abre una carrera por sumar militantes. Según datos del Servel al 31 de julio, siete partidos están bajo el nuevo piso en la Región Metropolitana, donde el umbral ronda los 9 mil afiliados. Son el Partido Liberal, Evópoli, el Partido Radical, el PPD, la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), el Partido Republicano y la Democracia Cristiana.
La norma también restringe la plata pública. Solo los partidos con representación parlamentaria podrán recibir financiamiento estatal. En paralelo, limita las candidaturas independientes al 50% de las listas parlamentarias, con cambios a las leyes de votaciones, municipalidades y gobiernos regionales.
La Comisión Mixta resolvió además una diferencia sobre las declaraciones de principios. Cada partido deberá condenar los sistemas totalitarios y la violencia como método de acción política, y comprometerse con la probidad y la transparencia. Tendrán seis meses desde la promulgación para adecuarse.
Toda la bancada del Partido Comunista votó en contra. Su jefa, la diputada Daniela Serrano, calificó esa disposición como una "caricatura". Argumentó que la Constitución ya consagra ese rechazo y que su oposición apunta a la redacción y a que la reforma "no resuelve todo el problema que tiene el sistema político".
En el Congreso, la ley da reconocimiento legal a los comités parlamentarios. Incumplir los acuerdos de la propia bancada pasa a ser una infracción grave a la disciplina interna. Si un legislador renuncia a su comité, este conserva las asignaciones asociadas. Y la bancada que lo reciba no verá aumentar las suyas.
Las críticas más duras vienen de los partidos pequeños y emergentes, que ven barreras de entrada y un riesgo para el pluralismo. Los diputados Jaime Mulet (FRVS) y Hans Marowski (Partido Nacional Libertario) presentaron reservas de constitucionalidad. Mulet advirtió que la reforma "carteliza" la política.
Marowski dijo que los libertarios solo apoyaron la condena a la violencia y el totalitarismo. A su juicio, la reforma "cierra las puertas a nuevos partidos" y mantiene el arrastre, el mecanismo por el cual los votos de un candidato ayudan a elegir a otros de su lista.
Ganan los partidos grandes y ya instalados. Pierden los pequeños, que deberán sumar militantes o arriesgan desaparecer en algunas regiones. Para el votante, el cambio puede significar menos partidos y menos candidatos independientes en la papeleta.
El proyecto aún debe pasar el control preventivo del Tribunal Constitucional (TC), y Mulet y Marowski no descartan acudir a ese organismo para frenarlo. Los plazos de 18 y seis meses comenzarán a correr solo tras su publicación en el Diario Oficial.
