El exembajador de Chile en China, Jorge Heine, dijo en entrevista con radio Universidad de Chile que lo peor que podría hacer el próximo gobierno es adoptar una política exterior guiada por la ideología, en medio de la escalada con Estados Unidos por el proyecto de cable de fibra óptica entre Valparaíso y Hong Kong.

La controversia comenzó cuando, según declaraciones públicas de Estados Unidos, se acusó al ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, de comprometer infraestructuras críticas en gestiones a favor de la empresa China Mobile, lo que derivó en la revocación de visas para los involucrados y sus familiares directos. El gobierno chileno envió una nota de protesta a Washington y rechazó las sanciones, y se informó que el ministro Muñoz autorizó a fines de enero a China Mobile a operar mediante un decreto que luego, dos días después, anuló.

En la reacción diplomática, el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, advirtió que la continuidad del programa de exención de visas, Visa Waiver, quedaría condicionada si Chile no cumple con normas de seguridad que, a juicio de Washington, podría afectar este proyecto. Marco Rubio, senador de Estados Unidos, también formuló críticas públicas sobre las gestiones del gobierno chileno.

Jorge Heine, militante del Partido por la Democracia (PPD), además de su paso por la embajada, ha sido vinculado como promotor del proyecto. El exdiplomático sostuvo que no había, ni hay todavía, una decisión final del gobierno de Chile respecto de la instalación de este cable, por lo que calificó como «extraña» la aplicación de sanciones por una decisión eventual.

El exembajador puso sobre la mesa un dato económico que explica parte del dilema: un 40% de las exportaciones chilenas van a China y un 15% van a Estados Unidos, según sus palabras. En ese contraste, Heine plantea que el gran desafío del futuro gobierno que encabezará José Antonio Kast es mantener un equilibrio entre ambas potencias.

Políticamente, la disputa empuja decisiones con costos claros. Quien sale perdiendo en corto plazo es la administración en funciones, por la presión diplomática y la imagen de manejo de infraestructura crítica. En el largo plazo, el país enfrenta un trade off entre seguridad nacional y oportunidades de inversión y conectividad que ofrece un enlace directo con Asia.

Para la ciudadanía el impacto será indirecto pero tangible: riesgo de tensiones que afecten la confianza de inversionistas y posibles restricciones en movilidad consular para funcionarios. También hay un componente tecnológico, porque un cable transoceánico facilita el comercio digital y el flujo de datos que sostienen exportaciones y servicios.

En ese contexto, la decisión que tome el gobierno entrante sobre el proyecto, y cómo gestione las relaciones con Washington y Pekín, definirá ganadores y perdedores: ganan los actores que aseguren transparencia y normativa de seguridad claras; pierden los que politicen la política exterior. Los próximos pasos formales a seguir incluyen la revisión técnica del proyecto, la clarificación pública de las autorizaciones firmadas y la negociación diplomática sobre condiciones de seguridad.