A las 15:16 horas del 25 de febrero de 2025 se produjo el corte que dejó sin suministro a gran parte del país. En su balance a un año del hecho, el Coordinador Eléctrico Nacional, presidido por Juan Carlos Olmedo, sostuvo que "el evento del 25 de febrero no debió ocurrir y no puede repetirse" y entregó una lista de lecciones aprendidas y medidas pendientes.
El blackout afectó a 98,5% de la población, desde Arica hasta Los Lagos, con algunas zonas sin energía por más de 10 horas. La Superintendencia de Electricidad y Combustibles, la entidad fiscalizadora conocida por sus siglas SEC, liderada por Marta Cabeza, centró su investigación en las condiciones operativas que precedieron la caída del sistema y sancionó al Coordinador y a varias empresas del sector.
Según la SEC, el Coordinador mantuvo el corredor Nueva Maitencillo-Polpaico transmitiendo 1.800 megavatios, por encima del límite de seguridad de 1.600 megavatios que señalan sus propios estudios. Esa situación, a juicio del regulador, elevó el riesgo de inestabilidad ante contingencias y fue un factor determinante en el desarrollo del evento. En la primera ronda de sanciones, la SEC multó también a Interchile, Transelec y Alfa Transmisión.
El análisis forense encargado tras el apagón detectó tres grupos de fallas: carencias en la formación de los operarios sobre acciones concretas a seguir; deficiencias en protocolos y procedimientos; y problemas en equipos y mediciones. El Coordinador enfatiza que la seguridad del sistema exige el cumplimiento estricto de la normativa y disciplina operacional por parte de todos los actores, y apunta a la resiliencia de la red como un factor crítico.
La SEC sancionó además a cada consejero del Coordinador con multas que, según el organismo fiscalizador, deben ser pagadas de su propio pecunio; la cifra comunicada fue de casi $21 millones por consejero, en pesos chilenos. El Coordinador lamentó la sanción, reiteró que actuó conforme a la normativa vigente y anunció que solicitará una revisión administrativa de las multas.
En el plano institucional, el caso puso en tensión la relación entre operadores, empresas de transmisión y el regulador. Ocho empresas quedaron bajo investigación por la SEC, y la discusión pública se enfocó en la necesidad de mejorar supervisión, transparencia y capacidades técnicas en tiempo real del sistema eléctrico.
Para las familias y las empresas afectadas, el apagón significó pérdidas económicas millonarias y un golpe a la confianza en la infraestructura crítica. A un año, las principales demandas sociales son mayor inversión en mantención y modernización, formación de operadores y procedimientos claros para gestión de contingencias.
El cierre del balance apunta a medidas concretas: reforzar capacitación operacional, actualizar protocolos y avanzar en equipos de telemetría y automatización que permitan detectar y aislar fallas antes de que escalen. Quedan pendientes la resolución de recursos administrativos, posibles revisiones de la regulación técnica y la fiscalización continua de las empresas mencionadas.
El país encara ahora la decisión política y financiera sobre cómo financiar mejoras de resiliencia en la red eléctrica, mientras la investigación de la SEC sigue su curso y el Coordinador insiste en que las lecciones aprendidas deben traducirse en cambios que impidan la repetición de un evento de esta magnitud.