El debate sobre las sanciones por pornovenganza se reaviva en Chile tras la denuncia pública de la senadora Camila Flores, representante de Renovación Nacional, este lunes. Flores afirmó que su exesposo, Percy Marín, podría estar coludido con otras personas para difundir material obtenido de forma ilícita, lo que abre la discusión sobre las responsabilidades penales ante la justicia. En este contexto, el tema ya no es solo una cuestión de intimidad vulnerada, sino un indicio de cómo la violencia digital puede erosionar la dignidad de las personas y su vida pública, incluso cuando lo ocurrido sucede en un entorno privado.