Por segunda vez en la semana, la tramitación que debía convertir la detención en una formalización quedó suspendida en el Juzgado de Garantía de Los Ángeles. El control de detención inicial se realizó el viernes, fue postergado para el domingo y finalmente no avanzó después de que las defensas presentaran un recurso para inhabilitar a la jueza Claudia Aguilera de conocer la causa.

La acción de las defensas motivó un receso en la audiencia y mantuvo a los cuatro detenidos bajo custodia hasta la tarde del lunes, cuando estaba prevista una nueva tentativa de formalización. Según fuentes del Ministerio Público, la legalidad de la detención ya había sido ratificada el viernes, pero la presentación por inhabilidad quedó pendiente de resolución ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción, por lo que la jueza Aguilera todavía no ha sido apartada del proceso.

La fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mansilla, defendió la actuación del Ministerio Público y sostuvo que la medida de las defensas "no la tomamos como un retraso, simplemente se están ocupando las instancias que corresponden". La persecutora agregó que, en su opinión, el recurso "se debió haber planteado mucho antes" y afirmó que la Fiscalía está lista para formalizar la investigación y solicitar medidas cautelares cuando el tribunal lo permita.

Las personas señaladas en la investigación son tres abogados y un funcionario judicial, acusados por presuntas irregularidades en la administración de justicia local. El Ministerio Público, que dirige la indagatoria, espera poder exponer ante el tribunal los antecedentes que vinculan a esos profesionales con la red de irregularidades, una vez que la Corte de Apelaciones resuelva la solicitud de inhabilidad.

En el plano institucional, la situación pone un foco sobre los mecanismos procesales que permiten a las defensas impugnar a los jueces y el tiempo que esos recursos pueden agregar a investigaciones por corrupción. Para la comunidad local y para el sistema judicial, la causa tiene implicancias en la confianza pública en la administración de justicia y podría derivar en solicitudes de medidas cautelares, conforme a lo planteado por la Fiscalía.

El próximo paso procesal depende ahora de la resolución de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción sobre el recurso de inhabilidad. Si la Corte rechaza la petición, la formalización podría realizarse de inmediato; si la acepta, el expediente pasará a otro tribunal y la investigación continuará su tránsito judicial con las instancias que correspondan.