La suspensión parcial del proyecto minero Vicuña desató un reclamo entre La Rioja y San Juan por la renta y reflotó una vieja disputa por la soberanía de un territorio de alto valor estratégico. El litigio judicial y político se desató tras la resolución de la jueza riojana María Greta Decker, quien ordenó detener por 30 días las actividades del emprendimiento, además de prohibir la circulación de maquinaria y vehículos por el corredor Guandacol–Santa Elena–Zapallar–Las Cuevas–La Ciénaga, en el territorio riojano.
La medida, impulsada por la Fiscalía de Estado, exige a la empresa la presentación de una Evaluación de Impacto Ambiental integral ante las autoridades de La Rioja antes de poder reanudar sus operaciones. El fallo judicial firmado en Chilecito el 14 de abril autorizó a Vicuña Argentina S.A.
Únicamente a mantener personal mínimo para tareas esenciales de mantenimiento y salubridad, pero mantuvo bloqueado el acceso hasta tanto se presente la documentación ambiental requerida. Vicuña, que comprende los proyectos Josemaría y Filo del Sol, anunció una inversión de 18 mil millones de dólares para su desarrollo en los próximos diez años.
Esta cifra convierte al yacimiento en una de las apuestas más ambiciosas de la minería argentina y posicionaría al país entre los cinco mayores productores de cobre, oro y plata a escala global, según el Gobierno. Sin embargo, el emprendimiento, que se encuentra a un kilómetro y medio del límite interprovincial y a 4.000 metros de altura, depende de rutas que atraviesan suelo riojano para abastecer sus campamentos y trasladar maquinaria pesada.
El gobernador Ricardo Quintela elevó el conflicto al plano nacional al reclamar soberanía sobre la zona donde se encuentra el proyecto Josemaría y sobre el área de Ischigualasto. Durante una entrevista en Radio AM750, Quintela sostuvo que la delimitación vigente entre ambas provincias fue definida en 1968 durante un gobierno de facto y carece, a su entender, de legitimidad institucional.
