En la provincia del Choapa Agricultores buscan frenar en la justicia ambiental continuidad de Minera Tres Valles Un nuevo capítulo suma la controversia por la continuidad operacional de Minera Tres Valles en la provincia del Choapa. El Primer Tribunal Ambiental admitió a trámite una reclamación presentada por la Cooperativa Agrícola de Colonización Illapel y un grupo de agricultores, quienes buscan dejar sin efecto la autorización ambiental otorgada al proyecto que pretende extender las faenas por otros 11 años.
La iniciativa, perteneciente a Compañía Minera Tres Valles SpA, contempla una inversión cercana a US$30 millones y permitirá mantener las operaciones hasta 2037, mediante la explotación de la mina subterránea Papomono y el procesamiento del mineral en las instalaciones ya existentes. La acción judicial se dirige contra una resolución del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), organismo que rechazó los recursos administrativos presentados por los reclamantes y mantuvo vigente la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable al proyecto.
Uno de los principales cuestionamientos apunta al mecanismo utilizado para evaluar la iniciativa. Según los agricultores, las modificaciones propuestas representan un cambio sustantivo respecto de una faena que anteriormente fue sometida a Estudios de Impacto Ambiental (EIA), por lo que debió ingresar nuevamente mediante ese instrumento y no a través de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
A ello se suman reparos por el eventual impacto sobre los recursos hídricos, especialmente en la quebrada de Cárcamo y los sistemas de Agua Potable Rural (APR), además de observaciones relacionadas con la extensión de la vida útil del proyecto, el cambio en el método de explotación y la falta de una evaluación de los impactos acumulativos. Los reclamantes también sostienen que durante la evaluación ambiental no fueron debidamente consideradas diversas observaciones ciudadanas ni antecedentes técnicos emitidos por la Dirección General de Aguas (DGA).
Ante el tribunal solicitaron dejar sin efecto tanto la resolución del SEA como la RCA que autorizó la continuidad operacional. En subsidio, pidieron que la iniciativa sea sometida a un nuevo Estudio de Impacto Ambiental, incorporando una línea de base actualizada y una evaluación de los impactos acumulativos.
