El Departamento de Estado de Estados Unidos revocó visas a tres funcionarios del gobierno chileno vinculados al proyecto del cable submarino Chile-China Express (CCE), que propone unir Valparaíso con Hong Kong. La medida desató una protesta formal del gobierno chileno y la convocatoria a consultas del embajador estadounidense en Santiago.
El anuncio apunta a Juan Carlos Muñoz, ministro de Transportes de Chile; Claudio Araya, subsecretario de Telecomunicaciones de Chile; y Guillermo Petersen, jefe de gabinete de la Subsecretaría de Comunicaciones (Subtel). Según la nota difundida desde Washington, la decisión busca proteger la "prosperidad económica y los intereses de seguridad nacional" de Estados Unidos. La firma de la comunicación fue atribuida a Marco Rubio, senador de Estados Unidos, según la versión pública del documento.
El gobierno de Chile entregó una nota de protesta y llamó a consultas al embajador Brandon Judd, señalado por la fuente como embajador de Estados Unidos en Santiago. El ministro Muñoz confirmó a Tele13Radio una conversación tensa con el embajador, en la que, según Muñoz, Judd expresó que un cable que conectara directamente China con Chile representaba un "riesgo a la seguridad nacional" para Estados Unidos y, en su visión, también para Chile. Muñoz calificó de "inaudito" que se afirme que el proyecto "socava la seguridad regional".
El proyecto, conocido como Chile-China Express (CCE), plantea una conexión directa entre Valparaíso y Hong Kong. Para Washington, ese trazado tiene implicancias estratégicas por el control de rutas digitales y la posibilidad de acceso a infraestructura crítica. Esta preocupación sigue el precedente de presiones estadounidenses contra la presencia de proveedores tecnológicos chinos en redes sensibles, un conflicto que ya afectó decisiones sobre antenas, equipamiento 5G y otros contratos en la región.
Las consecuencias son inmediatas en tres planos. En lo diplomático, la medida agrava tensiones entre Santiago y Washington en un momento de alta sensibilidad geopolítica. En lo tecnológico y económico, pone en duda la continuidad del proyecto y podría retrasar la diversificación de rutas de conectividad hacia Asia, con efectos en inversión y en la competitividad para el comercio digital. Para la ciudadanía, el riesgo es una mayor dependencia de rutas alternativas, posibles aumentos en costos de tráfico internacional y menos control sobre datos que atraviesan infraestructura instalada en territorio nacional.
Políticamente, la medida puede reconfigurar ganadores y perdedores. El gobierno actual de Gabriel Boric enfrenta un desgaste diplomático por la disputa, mientras que la nota estadounidense menciona la "administración entrante de José Antonio Kast", lo que introduce una lectura sobre quién podría beneficiarse políticamente de un alineamiento más cercano con Washington. En términos prácticos, empresas chinas y actores privados que habían comenzado a evaluar la obra verán mayor riesgo regulatorio y reputacional.
El próximo paso formal, según fuentes oficiales chilenas, es el análisis de los "antecedentes" señalados por Washington para la autorización del proyecto. La decisión final sobre el CCE dependerá de ese análisis técnico y político, y de la capacidad de Santiago para equilibrar relaciones con Estados Unidos y China sin comprometer la soberanía sobre infraestructura crítica. Mientras tanto, la iniciativa queda en un limbo que puede definir la política de conectividad del país en los próximos años.
