Carabineros hizo un balance positivo de las movilizaciones del Día Internacional de la Mujer en la Región de Antofagasta, aunque informó que en la capital regional dos mujeres fueron detenidas luego de rayar el frontis de la Catedral de Antofagasta.
El jefe de la Zona de Carabineros Antofagasta, general Cristián Montre, dijo que en la marcha de la ciudad —a la que asistieron alrededor de 800 personas según su reporte— hubo «una excepción en Antofagasta, donde luego de haberse congregado y recorrer distintas calles, llegan a la Catedral y en ese lugar dos mujeres ocasionan daños mediante rayados». Montre agregó que el hecho fue seguido en tiempo real por drones de la Delegación Presidencial y por cámaras de seguridad municipal.
La policía informó que una de las mujeres, de 25 años, fue capturada al interior de un bus en la intersección de calle Uribe con Condell, mientras que la segunda, de 29 años, fue interceptada en Uribe con Matta. Ambos procedimientos se atribuyeron al trabajo conjunto de los equipos de control de orden público y las imágenes de seguridad.
Este lunes las dos imputadas, a quienes Carabineros vinculó con antecedentes por diversos delitos, pasaron a control de detención ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta. El tribunal decretó como medidas cautelares el arraigo nacional y la prohibición de acercarse al recinto religioso, según consta en la resolución judicial.
El alcalde de Antofagasta, Sacha Razmilic, rechazó los daños al patrimonio: «Es el vandalismo que ya nos tiene aburridos a los antofagastinos. No queremos que haya más y vamos a mantener la mano dura», dijo, enfatizando su intención de evitar un repunte de episodios vandálicos por motivaciones políticas.
Las marchas en la Región también se desarrollaron en Calama y en San Pedro de Atacama, sin incidentes relevantes, según el reporte oficial. La causa por los rayados sigue su tramitación en el Juzgado de Garantía y las diligencias policiales y administrativas señalaron que las imágenes y el registro de cámaras fueron clave para la identificación y detención de las imputadas.
El caso vuelve a poner en discusión la tensión entre el derecho a manifestarse y la protección del patrimonio público y religioso en la ciudad, en un contexto en el que autoridades locales y fuerzas de orden público insisten en medidas de control y prevención durante movilizaciones futuras.
