Andes Iron, controladora del proyecto minero-portuario Dominga, presentó este lunes 28 de septiembre un escrito ante la Corte Suprema para desistirse de todos los recursos que había interpuesto contra el último rechazo de la iniciativa. El proyecto busca instalarse en la comuna de La Higuera, en la Región de Coquimbo.
Según informó BioBioChile, la compañía explicó en una declaración pública que retiró los recursos de casación y de queja para "no obstaculizar su avance" de las solicitudes de invalidación que organizaciones sociales presentaron por la vía administrativa. La casación es un recurso que pide anular una sentencia por errores de derecho. La queja apunta a faltas o abusos graves de los jueces.
La empresa había llegado a la Suprema después de que, en febrero de 2026, la Corte de Apelaciones de Antofagasta confirmara el rechazo que el Comité de Ministros resolvió en 2025, durante el gobierno de Gabriel Boric. Andes Iron también había pedido suspender los efectos de ese fallo mientras se resolvían sus acciones.
Según el diario El Día, la causa ya estaba en acuerdo y los ministros habían estudiado los antecedentes cuando llegó el desistimiento. Con este paso, el máximo tribunal no dictará sentencia y queda vigente lo resuelto por la Corte de Antofagasta, es decir, el rechazo. BioBioChile precisó que, judicialmente, el caso retrocede al 7 de enero de 2025.
La empresa sostiene que la resolución del Comité de Ministros de enero de 2025 contravino lo decidido por el Primer Tribunal Ambiental. Según Andes Iron, ese fallo "validó categóricamente la evaluación ambiental del proyecto" y su calificación favorable. Agregó que la tramitación en la Suprema "congeló el avance de las solicitudes de invalidación".
La compañía calificó como prioritario que se rectifique una actuación administrativa que, a su juicio, se realizó en desacato. Dijo que tomó la decisión por deferencia a organizaciones que buscan "progreso y desarrollo" para la Región de Coquimbo.
La pelea sigue abierta. El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), organismo que administra la evaluación de impacto ambiental de los proyectos en Chile, admitió a trámite hace pocos días solicitudes de invalidación vinculadas al rechazo. Esa vía podría terminar en una nueva revisión del Comité de Ministros, ahora bajo el gobierno de José Antonio Kast.
Según fuentes del sector citadas por Diario Financiero, la empresa perseverará por la vía administrativa para defender un proyecto de US$ 3.000 millones de inversión.
El giro llega tras semanas de controversia. Andes Iron anunció el inicio de obras en el área de Dominga, lo que comunidades y organizaciones calificaron como una maniobra de presión. Además, informes de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) constataron el corte sin autorización de vegetación nativa protegida en la zona del proyecto.
El próximo paso quedará en manos del SEA, que debe resolver las solicitudes de invalidación ya admitidas. Todavía no hay fecha para esa decisión.
