Seis trabajadores murieron en 2025 en la faena de El Teniente, en un episodio que reabrió un conflicto entre la administración, el directorio de Codelco y la justicia. El punto de ruptura fue un estallido de roca ocurrido en julio de 2023 en el sector Andes Norte, descrito por la propia empresa como el mayor evento sísmico en la historia de la operación.

Según lo expuesto por el directorio de Codelco, ejecutivos entregaron información técnica al regulador tras ese estallido que luego fue calificada por el directorio como afectada por "inconsistencias y ocultamientos". Esos datos alimentaban el modelo de riesgo sísmico de la minera; si estaban contaminados, las decisiones de seguridad posteriores habrían partido de una base errada. En febrero de 2026, la compañía removió a tres ejecutivos, y la Fiscalía incautó los dispositivos electrónicos del presidente del directorio de Codelco, en el marco de la investigación penal en curso.

La discusión ahora cruza ámbitos técnicos, jurídicos y de gobernanza. En lo técnico, hay que reconstruir qué información se presentó, cómo se alimentaron los modelos de riesgo y qué cambios operacionales se tomaron con esos insumos. En lo jurídico, como ha planteado el propio debate público, no basta la indignación: la Fiscalía debe acreditar tres elementos complejos para imputar responsabilidad penal a directores. Primero, el aspecto normativo, esto es, qué deber de cuidado fue infringido y por quién, en una operación con miles de trabajadores y contratistas que tienen mandos propios. Segundo, el nexo causal, demostrar que un informe distinto en 2023 habría evitado la tragedia de 2025 es un contrafactual difícil de probar. Tercero, el conocimiento individual, qué sabía cada integrante del directorio y si existieron o no mecanismos que permitieran recibir información de seguridad sin filtros.

Quien ha investigado fallas de gobernanza en desastres industriales suele encontrar un patrón: ausencia de circuitos claros para la información crítica. En este caso, fuentes consultadas indican que no existía, o no funcionó, un comité de seguridad operacional que garantizara la llegada directa de alertas técnicas al directorio. Esa ausencia, para especialistas en gobierno corporativo, constituye una falla de origen que trasciende la discusión sobre culpabilidad individual.

El caso de El Teniente no es aislado en el mundo: accidentes como Deepwater Horizon en EE. UU., Pike River en Nueva Zelanda y Brumadinho en Brasil muestran la dificultad de traducir indignación pública en condenas rápidas para directorios y altos ejecutivos. En esos precedentes, las investigaciones y procesos judiciales tardaron años y, en varios casos, no terminaron en sentencias penales inmediatas.

En el plano local, El Teniente es una pieza estratégica de la industria del cobre y una tragedia así impacta a las comunidades de Rancagua y Machalí, a la percepción de la seguridad laboral en la minería y a la confianza en los mecanismos de fiscalización. La comparación con otros desastres internacionales recalca que falta por dilucidar no solo responsabilidades personales, sino reformas institucionales que aseguren canales de información técnica fiables entre operación, regulación y directorio.

Hoy, la investigación penal continúa, con incautaciones y remociones administrativas ya efectuadas. Corresponde a la Fiscalía acreditar el grado de infracción normativa, el nexo causal y el conocimiento de los directores. A la vez, el caso pone sobre la mesa cambios concretos en gobernanza: la creación o fortalecimiento de comités de seguridad operacional, protocolos de entrega directa de información técnica y mayor transparencia sobre los modelos de riesgo. Las decisiones que adopte Codelco, y las medidas regulatorias que impulse el Estado, definirán si este episodio termina en reforma estructural o en un debate público que se agote en titulares.