Agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y organizaciones a cargo de sitios de memoria acusaron que el proyecto de Presupuestos 2027 del gobierno de José Antonio Kast reduce los recursos para el Plan Nacional de Búsqueda (PNB), las pericias del Servicio Médico Legal (SML) y los espacios que recuerdan las violaciones a los derechos humanos de la dictadura.
Según informó BioBioChile, las entidades hicieron la denuncia en una declaración conjunta, fechada el 14 de octubre según El Desconcierto. Ahí sostienen que, si el ajuste se mantiene, Chile viviría el peor retroceso en esta materia desde 1990.
La Subsecretaría de Derechos Humanos admitió que habrá menos dinero, pero aseguró que las búsquedas continuarán. El organismo explicó la reducción como un uso más eficiente de los recursos.
Los firmantes calculan que diligencias y pericias forenses del PNB tendrían $391 millones menos que en el presupuesto inicial de 2026. Si se considera la inflación, la caída llega a 27,71%. El total pasaría de $1.526 millones a $1.134 millones.
El dinero del Programa de Derechos Humanos para diligencias, que paga trabajo en terreno, toma de testimonios y exploración de posibles lugares con restos, bajaría de $1.037 millones a $844 millones, según BioBioChile. El Desconcierto informa cifras levemente distintas: de $1.036 millones a $843 millones.
En el caso del SML, los fondos para identificar restos caerían de $490 millones a $291 millones. El Desconcierto sitúa la cifra inicial en $489 millones y estima una baja real de 42,21%. A esto se suman $91,2 millones recortados durante 2026 mediante los decretos N.º 135 y N.º 332.
"Estas decisiones afectan directamente a las familias que siguen esperando respuestas", dijo Claudia Bascuñán Álamos, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos Liquiñe. Para ella, la búsqueda es "una responsabilidad permanente del Estado, no una opción".
Los sitios de memoria enfrentan el ajuste más profundo. El financiamiento conjunto del Programa de Sitios de Memoria y de la glosa del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (Serpat) bajaría de $2.888 millones a $1.879 millones, una reducción real de 36,74%.
El programa por sí solo pasaría de $1.688 millones a $683 millones, con una baja real de 60,69%. Además, pierde completo su componente de inversión, que en 2026 tuvo $505 millones para conservación, rescate arqueológico y reparación de infraestructura.
Mónica Monsalves, presidenta de la Corporación Sitio de Memoria Cerro Chena, advirtió que el recorte compromete sueldos, visitas educativas y mantención. Recordó que de 1.132 centros de detención y tortura en dictadura, solo 72 tienen declaratoria y apenas 16 reciben aportes estatales.
En Casa Memoria José Domingo Cañas, Marta Cisternas indicó que los $30.469.000 anuales proyectados no bastan para contratar al equipo mínimo. La Fundación 1367, que administra el lugar, ya quedó fuera del financiamiento en 2026, igual que otros siete espacios, entre ellos Venda Sexy y la Exclínica Santa Lucía.
El documento también alerta por la eliminación de la Glosa N.º 03 del Poder Judicial, que protegía $384,6 millones para digitalizar causas de derechos humanos y obligaba a informar cada trimestre al Congreso. Además, desaparece el ítem que financiaba conmemoraciones y encuentros de familiares.
Las organizaciones pidieron al Congreso exigir al Ejecutivo que reponga, reajustados por IPC, los fondos forenses y de inversión patrimonial. Al Consejo de Monumentos Nacionales le solicitaron resolver 63 solicitudes de protección de sitios, pendientes desde marzo de 2026.
