Polla Chilena de Beneficencia, la empresa estatal que administra las loterías y apuestas legales en el país, interpuso una querella criminal contra siete plataformas de apuestas online que operarían sin autorización en Chile. La acción fue ingresada el jueves ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago y declarada admisible al día siguiente. Los cargos: explotación ilegal de casinos y loterías, lavado de activos y asociación delictiva.
Las plataformas identificadas en la querella son Coolbet, Betsson, Betano, LatamWin, Jugabet, Estelar Bet y Juega en Línea. Según la estatal, estos sitios habrían adaptado su operación al mercado chileno con precisión: habilitaron el registro de usuarios domiciliados en el país, integraron medios de pago locales para depósitos y retiros, y desplegaron campañas publicitarias que incluyeron patrocinios a actores del deporte nacional.
La presentación fue patrocinada por el penalista Juan Domingo Acosta y marca la primera ofensiva judicial del directorio de Polla bajo la presidencia del abogado Felipe Dalgalarrondo, designado durante el gobierno del Presidente José Antonio Kast.
En el escrito, Polla sostiene que un conjunto organizado de personas naturales y jurídicas explota de forma permanente el mercado de apuestas y loterías a través de plataformas digitales sin autorización legal en Chile. La estatal agrega que esa actividad habría permitido a los operadores recibir, administrar y transferir cuantiosos recursos provenientes de las apuestas, lo que configuraría el delito de lavado de activos.
Entre las diligencias solicitadas al tribunal, Polla pidió la intervención de la PDI (Policía de Investigaciones de Chile) y el alzamiento del secreto bancario de las operadoras involucradas. Ambas medidas apuntan a rastrear el flujo de dinero y establecer la estructura de personas y sociedades detrás de cada plataforma.
Chile carece de una ley que regule las apuestas online, un vacío que los operadores internacionales han aprovechado para captar apostadores locales sin fiscalización efectiva. La PDI deberá responder a las diligencias solicitadas, mientras el 4° Juzgado de Garantía de Santiago define los próximos pasos del proceso.