El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos firmó dos decretos que redujeron las penas de internos del penal Punta Peuco, en Til Til. Uno de ellos está condenado por secuestro calificado y el otro por tortura.
La información la reveló BioBioChile a partir de un oficio de la Subsecretaría de Justicia. El documento da cuenta de tres decretos de reducción de condena por esos delitos dictados desde el 11 de marzo, cuando asumió el gobierno de José Antonio Kast. El medio digital Interferencia también accedió a los dos decretos exentos, según consignó Cambio21.
El tercer decreto también corresponde a secuestro calificado. Según BioBioChile, los documentos no indican dónde cumple condena esa persona.
El recinto, cuyo nombre oficial es Centro de Detención Preventiva de Til Til, alberga a condenados por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura. El oficio no identifica a los beneficiados ni sus causas. Tampoco señala cuántos meses se les descontaron ni qué hechos concretos motivaron sus sentencias.
El antecedente amplía la controversia que enfrenta el ministro Fernando Rabat por las 56 rebajas de condena a personas condenadas por delitos sexuales contra menores. Esa decisión generó críticas desde distintos sectores políticos, incluida la exalcaldesa Evelyn Matthei y parlamentarios de oposición.
Rabat justificó esos 56 casos en la reforma legal de 2022 y en la doctrina de la Corte Suprema sobre hechos anteriores a ella. Ese argumento se refiere a delitos sexuales contra menores y no explica por sí solo los decretos de Til Til.
La cartera sostiene que debe conceder las rebajas cuando se cumplen los requisitos legales. Según ha explicado, la Ley 19.856 permite reducir el tiempo de condena a quienes acrediten un comportamiento sobresaliente, siempre que no concurra una causal legal de exclusión.
El procedimiento parte en Gendarmería, que prepara cada año el listado de postulantes. Una Comisión de Reducción de Condenas los evalúa según educación, trabajo, rehabilitación y conducta. Luego, la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Justicia verifica los requisitos y envía la postulación al ministerio.
Finalmente, el ministerio concede o rechaza el beneficio mediante un decreto exento, con la fórmula "Por orden del Presidente de la República". Los documentos conocidos no detallan qué antecedentes se revisaron en los casos de Punta Peuco.
Las rebajas ocurren mientras se discuten los beneficios para condenados por crímenes de la dictadura. En julio de 2025, como candidato, Kast se mostró abierto a indultar a presos de Punta Peuco de edad avanzada o con deterioro cognitivo, evaluando cada caso por separado.
En marzo, ya en La Moneda, confirmó que aplicaría indultos y no descartó beneficiar a condenados por derechos humanos. En mayo de 2026 afirmó que su compromiso era revisar los casos uno a uno y que no había prometido indultos para todos. Las rebajas de condena y los indultos son mecanismos jurídicos distintos.
Por ahora, Justicia no ha informado públicamente la identidad de los dos internos de Punta Peuco ni el tiempo de condena que se les descontó.
