En el Palacio de La Moneda, tras una reunión con el ministro Álvaro Elizalde, Claudio Alvarado, designado por José Antonio Kast como futuro ministro del Interior, salió a responder la versión entregada por el Presidente Gabriel Boric sobre el manejo del proyecto de cable submarino impulsado por China Mobile. La discusión se instaló en la agenda pública luego de medidas adoptadas por Estados Unidos contra autoridades chilenas.

Alvarado calificó las palabras del Presidente Boric como una afirmación que "no se condice con la realidad" y sostuvo que, según la futura administración, no hubo un traspaso formal de antecedentes sobre el caso. "El presidente electo nunca fue informado ni tuvo conocimiento de esta situación que hubo con el cable chino", dijo Alvarado, frase que articula la postura oficial del equipo de Kast ante la controversia.

La tensión se originó después de que Boric dijera en una entrevista con el canal Meganoticias que el asunto había sido conversado con Kast antes de que se conocieran las sanciones de Estados Unidos contra tres autoridades chilenas, entre ellas Juan Carlos Muñoz, ministro de Transportes. Desde el entorno del presidente electo sostienen que no hubo comunicación formal previa a que el caso se hiciera público.

El capítulo suma otra capa de conflicto entre los gobiernos saliente y entrante, en un momento político ya sensible por la relación con China y las percepciones públicas sobre seguridad y soberanía tecnológica. La encuesta Cadem ha mostrado división en la ciudadanía respecto a socios estratégicos, y la controversia por el cable alimenta ese debate.

A la espera de nuevos pronunciamientos del Ejecutivo, la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado citó al canciller Alberto van Klaveren y al ministro Juan Carlos Muñoz para que aclaren antecedentes del proyecto. Hasta ahora, desde La Moneda no han emitido declaraciones adicionales a las ofrecidas por Boric en la entrevista televisiva.

La disputa deja, en lo inmediato, una interrogante sobre el traspaso de información entre administraciones y sobre cómo se gestionarán los temas sensibles en la transición, un contexto que el gobierno entrante deberá resolver con rapidez si pretende imprimir una hoja de ruta diplomática y técnica distinta en materias de infraestructura estratégica.