La Policía de Investigaciones (PDI) investiga la privación de libertad de una mujer de nacionalidad ecuatoriana ocurrida la noche del jueves en el entorno del barrio República, en la comuna de Santiago.

Según fuentes policiales, cerca de las 22.00 horas la víctima caminaba por calle Grajales junto a un compañero de trabajo cuando un grupo de individuos que se desplazaba en un vehículo los interceptó. Los presentes intimidaron verbalmente a la mujer y la obligaron a subir al automóvil, tras lo cual desaparecieron del lugar.

La pareja de la afectada, también ecuatoriana, denunció el hecho ante Carabineros y recibió por WhatsApp un video extorsivo en el que, según su relato, "se ve a la mujer con el rostro cubierto siendo apuntada con una pistola". En el mensaje los captores exigieron el pago de $100.000.000 para su liberación, según las mismas fuentes.

El caso se suma a otra privación de libertad registrada el martes, cuando un ciudadano dominicano de 43 años, dueño de locales gastronómicos, fue detenido cerca de su casa en la comuna de Independencia y posteriormente liberado tras negociaciones lideradas por la Policía de Investigaciones (PDI) y el Equipo Contra el Crimen Organizado (ECOH) de la Fiscalía. En esa oportunidad las autoridades confirmaron la intervención coordinada entre la PDI y la Fiscalía, según reportes institucionales.

En el caso más reciente, la denuncia fue recibida por Carabineros y derivada a la PDI, que asumió las diligencias investigativas. Hasta la publicación de esta nota no se han informado detenciones relacionadas con el secuestro de la mujer. La Fiscalía Local ha sido puesta en conocimiento de los hechos, según fuentes oficiales.

Los investigadores buscarán determinar el origen del video y rastrear las líneas de comunicación usadas por los captores, además de revisar cámaras de seguridad de la zona y auditar movimientos financieros vinculados a la exigencia de pago, según procedimientos habituales de la investigación criminal.

El episodio pone en evidencia la vulnerabilidad de personas migrantes en espacios urbanos, y la utilización de mensajes por aplicaciones de comunicación como herramienta de extorsión. Instituciones y organizaciones civiles han señalado en otras ocasiones que estas modalidades suelen aprovechar la ausencia de redes de apoyo y el temor de las víctimas a denunciar, aunque en este caso las autoridades fueron alertadas y se abrieron investigaciones.

Recomendaciones prácticas para familiares y víctimas: conservar los mensajes y los archivos recibidos sin borrarlos; no efectuar transferencias ni pagos sin coordinar con la PDI y la Fiscalía; denunciar inmediatamente ante Carabineros o la PDI; y, si es posible, contactar a un abogado o a organizaciones de apoyo a migrantes. Evitar confrontar directamente a los supuestos captores y seguir las indicaciones de los investigadores para preservar pruebas.

La PDI continuará con las diligencias y la Fiscalía evaluará las medidas penales correspondientes, mientras las familias esperan novedades sobre el paradero de la mujer y la posibilidad de una rápida resolución del caso.