Esta semana, el Congreso de la República aprobó la Ley de Reajuste del sector público, que además de ajustar remuneraciones incorpora indicaciones para fortalecer la gobernanza del desarrollo productivo y actualizar plazos regulatorios en materia nuclear.
La norma crea por ley el Comité Interministerial para el Desarrollo Productivo Sostenible, reconociéndolo como sucesor y continuador legal del Comité de Ministros y Ministras para el Desarrollo Productivo, que el Ministerio de Economía había establecido por decreto N° 104 el 29 de diciembre de 2022. Con ello se busca dar continuidad jurídica a una instancia que funcionaba por norma administrativa.
El Comité será presidido por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, e integrado por los ministerios de Hacienda, Medio Ambiente, Energía, Minería y Ciencia. La Secretaría Ejecutiva quedará radicada en la Subsecretaría de Economía y tendrá la tarea de apoyar técnicamente la coordinación interinstitucional.
En ese contexto, el biministro de Economía, Fomento, Turismo y Energía, Álvaro García, señaló: "Con la aprobación de la Ley de Reajuste damos un paso decisivo en institucionalizar la gobernanza del Comité interministerial de Desarrollo Productivo Sostenible, dotándolo de continuidad jurídica, coordinación interministerial efectiva para trazar una hoja de ruta estratégica para el país".
En materia regulatoria, el articulado modifica la Ley N° 18.302, la llamada Ley de Seguridad Nuclear, para actualizar el régimen de autorizaciones que otorga la Comisión Chilena de Energía Nuclear, la autoridad reguladora del sector. La reforma incorpora plazos máximos más acotados para los procesos de autorización.
El texto público de la ley no detalla cifras ni días concretos para esos plazos, por lo que aún no está claro el alcance temporal ni operativo de la medida. Será necesario ver la implementación y los reglamentos que definan cómo se aplicarán esos límites temporales en trámites complejos.
Quién gana y quién pierde. Ganan el Ministerio de Economía y los actores que piden mayor coordinación y predictibilidad regulatoria, incluidos proyectos productivos que requieren una hoja de ruta. Pierden quienes temen concentración de decisiones en instancias centrales y las oficinas técnicas que deberán procesar expedientes en plazos más exigentes.
Para la ciudadanía, el impacto puede ser doble: más coherencia de políticas y potencial agilidad administrativa, pero también riesgo de presión sobre la capacidad técnica de organismos como la Comisión Chilena de Energía Nuclear. En el caso nuclear, será clave supervisar que la acotación de plazos no reduzca los estándares de seguridad.
Los próximos pasos prácticos son la publicación completa del texto, la definición de los plazos concretos y la elaboración de reglamentos y protocolos que expliquen responsabilidades y recursos. Hasta entonces, la ley fija la intención política, pero queda por ver su traducción operativa.
