Según Emol, las negociaciones colectivas en Escondida, de BHP, y Centinela, de Antofagasta Minerals, entraron en su etapa decisiva. Si trabajadores y empresas no llegan a acuerdo, ambas faenas podrían paralizar. Antofagasta Minerals pertenece en un 65% a la familia Luksic.
El medio no detalla qué piden los sindicatos ni cuántos trabajadores participan en cada negociación. Tampoco informa plazos para votar una eventual huelga.
Lo que sí está claro es el tamaño de lo que está en juego. Juan Ignacio Guzmán, gerente general de GEM Mining Consulting, estimó que detener ambas operaciones podría comprometer aproximadamente 3.500 toneladas diarias de cobre fino. Su cálculo usa como referencia una capacidad de 2.877 toneladas diarias en Escondida y 659 en Centinela.
Juan Ortiz, economista senior del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC-UDP), lo puso en proporción. Según él, un poco menos del 30% de la producción de cobre chilena sale de estas dos minas. Dicho de otro modo, casi tres de cada diez kilos de cobre del país.
El momento es delicado. El Imacec minero (el indicador mensual que mide la actividad del sector) cayó 17,4% en agosto. Ortiz agregó que entre enero y agosto la minería acumula una baja cercana al 7% anual, y la atribuyó a la menor ley del mineral (menos cobre por cada tonelada de roca extraída), al clima y a mantenciones.
Las dos faenas ya venían a la baja. Entre enero y julio, Escondida produjo 73.531 toneladas menos que en igual período de 2025, una caída de 9,3%. Centinela retrocedió 16,8% en el mismo lapso, según Guzmán.
Ortiz recordó la huelga de Escondida de 2017, que duró 44 días y afectó la actividad en febrero y marzo de ese año. A su juicio, una nueva paralización podría reforzar un escenario de contracción del PIB durante 2026.
Hernán De Solminihac, exministro de Minería y de Obras Públicas, sostuvo que el conflicto "agregaría presión a una economía que necesita recuperar crecimiento". Advirtió que, si las interrupciones son largas, el efecto alcanzaría las exportaciones, la recaudación fiscal y a proveedores, contratistas y servicios regionales.
Ese último punto es el que llega más directo al bolsillo. Cuando una mina se detiene, también dejan de facturar quienes le prestan servicios a su alrededor.
Hermán Aguirre, docente de Ingeniería Civil en Minería de la Universidad del Desarrollo, agregó otro riesgo: la imagen país ante los inversionistas, quienes, dijo, "pueden incrementar aun más su aversión a invertir". También planteó que el Estado recibiría menos ingresos por la menor producción y exportación.
Aguirre añadió que una detención simultánea podría empujar al alza el precio del cobre si genera un déficit temporal de oferta. De Solminihac matizó ese posible alivio: "Un precio alto del cobre puede compensar parcialmente los menores ingresos, pero no reemplaza la producción ni su aporte al crecimiento".
El contexto pesa. Hacienda ya bajó a 0,7% su proyección de crecimiento para 2026 tras el dato minero de agosto, y bancos y consultoras proyectan cifras entre -0,7% y 0,5%. El resultado de las negociaciones en Escondida y Centinela definirá si a esas cifras se suma un nuevo golpe.
