En medio del cierre del ciclo legislativo, el Presidente Gabriel Boric hizo este domingo un nuevo llamado a la oposición para reactivar en el Senado el proyecto de Sala Cuna Universal, que hoy está paralizado en la Comisión de Educación. Boric anunció que el Ejecutivo hará “un último esfuerzo” para presentar una propuesta técnicamente consensuada y pidió que no se transforme la tramitación en una disputa política.

El Mandatario, Gabriel Boric, dijo "Mañana haremos un último esfuerzo por sacar adelante el proyecto de Sala Cuna, presentando la propuesta técnicamente consensuada para hacerla realidad", y emplazó a los sectores opositores a permitir que la comisión sesione. La ministra vocera, Camila Vallejo, acusó además a la Unión Demócrata Independiente, UDI, de aplicar "maniobras dilatorias" para frenar la tramitación.

El proyecto es una de las promesas sociales centrales del gobierno y comparte el calendario con el paquete de Financiamiento a la Educación Superior, FES, lo que agrava la presión política. El texto de Sala Cuna ya obtuvo aprobación en la Comisión de Trabajo, pero quedó estancado en la Comisión de Educación, tras no citarse a sesión a comienzos de 2026. Las discrepancias se concentran en el diseño y el financiamiento de la iniciativa, puntos que el oficialismo reconoce como obstáculos concretos para su despacho inmediato.

El plazo político añade urgencia. La actual administración debe intentar despachar estas iniciativas antes de la asunción de José Antonio Kast, presidente electo, prevista para el 11 de marzo de 2026, fecha que marcará un giro en la agenda pública. Si la Comisión de Educación no convoca y vota el proyecto, su futuro legislativo quedará en gran medida en manos de la próxima administración.

Las implicaciones sociales son directas. Una ley de Sala Cuna Universal busca ampliar el acceso a cuidados infantiles, lo que afecta la participación laboral femenina y la conciliación familiar. Si el proyecto no avanza, las mujeres y familias que hoy esperan mayor disponibilidad de cupos y apoyo estatal serán las principales afectadas. Políticamente, el Ejecutivo arriesga dejar una promesa incumplida; la UDI y la oposición ganan capacidad de presión en el cierre del período.

En ese contexto, el Gobierno presentará la versión que considera técnicamente consensuada. La decisión final depende de que la Comisión de Educación del Senado cite y tramite la propuesta, o que se produzcan acuerdos transversales de último minuto. De no concretarse, la discusión sobre cobertura, financiamiento y diseño quedará abierta para el próximo gobierno y para la opinión pública, con el coste político y social que ello implica.