Ángela Vivanco será reformalizada este martes por cohecho reiterado y lavado de activos en la “trama bielorrusa” La audiencia quedó fijada para este martes 17 de marzo en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, donde la Fiscalía busca incorporar nuevos hechos y ampliar las imputaciones en la investigación vinculada a litigios entre la empresa Belaz Movitec y Codelco. El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago fijó para este martes 17 de marzo, a las 09:00 horas, la audiencia en la que será reformalizada la exministra de la Corte Suprema de Chile, Ángela Vivanco, en el marco de la investigación conocida como “trama bielorrusa”.
La instancia fue solicitada por el Ministerio Público de Chile mediante un escrito firmado por la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, con el objetivo de incorporar nuevos hechos a la investigación y ampliar la gravedad de las imputaciones que pesan sobre la exmagistrada. La causa tiene su origen en los litigios que sostuvo la empresa Belaz Movitec con Codelco, donde —según la investigación— se habrían realizado gestiones indebidas para favorecer a la compañía en procesos judiciales mientras Vivanco integraba la Tercera Sala del máximo tribunal.
Nuevos delitos que se imputarán De acuerdo con los antecedentes de la Fiscalía, en la audiencia se buscará formalizar a Vivanco por cohecho reiterado en calidad de autora y en grado consumado, por hechos que habrían ocurrido en Santiago entre el 8 y 9 de febrero y el 27 y 28 de febrero de 2024. A ello se suma una nueva imputación por lavado de activos, también en grado consumado, delito que —según la presentación del Ministerio Público— habría sido cometido el 12 de febrero de 2024.
La incorporación de este último ilícito introduce un componente patrimonial y financiero en la investigación, ya que abre la puerta al análisis del flujo y la trazabilidad de los dineros presuntamente involucrados, así como a eventuales diligencias sobre el origen y destino de esos recursos. Según la investigación, la exministra habría actuado coordinadamente con abogados vinculados al caso para favorecer al consorcio Belaz Movitec en sus disputas judiciales con Codelco.
Los persecutores sostienen que, como contraprestación por esas gestiones, los abogados involucrados habrían pagado al menos $90 millones a la entonces magistrada a través de su pareja, Gonzalo Migueles. Otros imputados en la causa La reformalización también alcanzará a otros involucrados en la investigación.