La Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías (Asofondos) radicó ante la Corte Constitucional una solicitud de medida complementaria dentro del proceso que estudia la reforma pensional, con el objetivo de evitar la transferencia de recursos desde las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) hacia Colpensiones mientras se resuelven las controversias legales sobre el decreto expedido por el Gobierno. En el documento conocido por Infobae Colombia y dirigido a la presidenta de la Corte, magistrada Paola Andrea Meneses, el gremio plantea que se autorice a las AFP a abstenerse de cumplir el decreto que ordena el traslado de recursos, hasta que el Consejo de Estado adopte una decisión de fondo o una medida cautelar sobre su legalidad.
La solicitud se enmarca en el expediente D-15989, en el que se suspendió la entrada en vigor de la reforma pensional, salvo algunos artículos específicos. Según el escrito, la petición busca “adicionar la medida cautelar adoptada mediante Auto 841 de 2025 (…) y mediante la cual se autorice a las administradoras de fondos de pensiones - AFP a inaplicar el decreto que expida el gobierno ordenando el giro de recursos".
Solicitud de medida cautelar Asofondos argumenta que la intervención de la Corte es necesaria para evitar efectos irreversibles derivados de la aplicación del decreto. En concreto, solicita que se permita a las AFP no ejecutar el traslado de recursos provenientes de los afiliados que se acogieron a la oportunidad de traslado contemplada en la reforma pensional.
El documento señala que esta autorización tendría carácter temporal y operaría “mientras el Consejo de Estado dicta la medida cautelar de suspensión provisional del decreto”. Además, indica que el gremio prevé demandar la nulidad de la norma una vez esta sea expedida.
En la solicitud se insiste en que el objetivo es evitar la materialización de daños antes de que las autoridades judiciales competentes puedan pronunciarse. En ese sentido, advierte que los tiempos previstos en el decreto impedirían una reacción oportuna del control judicial, lo que justificaría la intervención de la Corte Constitucional.