Personal del OS-9 de Carabineros, bajo instrucción de la Fiscalía Metropolitana Sur, allanó este jueves la oficina principal de Autopista Central en Las Condes. Los efectivos buscaban contratos, correos electrónicos y evidencia digital vinculada a un presunto fraude en la tramitación de cobros del TAG en el Juzgado de Policía Local de La Granja.
Según informó T13, la causa investiga los delitos de falsificación de instrumento público y cohecho, por hechos ocurridos entre 2019 y 2020. El fiscal a cargo, Christian Toledo, explicó que la diligencia apuntaba a antecedentes de posibles transacciones entre los imputados y la concesionaria.
La investigación se dirige por ahora contra ocho exfuncionarios del juzgado, formalizados el pasado 16 de septiembre. Las fuentes difieren en su situación procesal. T13 informó que los ocho están en prisión preventiva, mientras BioBioChile y La Tercera señalan que seis quedaron con esa medida y dos con cautelares menores. Este jueves, la Corte de Apelaciones de San Miguel confirmó la prisión preventiva de seis de ellos.
Entre los imputados en prisión preventiva figuran el exsecretario del tribunal, Eduardo Moya Zamorano, y el abogado Ricardo Matthews Ramírez, según La Tercera.
El mecanismo descrito por la Fiscalía se centraba en las notificaciones de las demandas de cobro por deudas de TAG. Los funcionarios eran designados como receptores para entregarlas, pero registraban diligencias en comunas distantes a la misma hora. "Decían que estaban notificando a una persona en la comuna de San Bernardo a las 9 de la mañana y decían que estaban en Colina también a la misma hora", relató Toledo.
La motivación, según el fiscal, era económica. Cada notificación significaba un pago adicional al sueldo, que en promedio alcanzaba 30 mil pesos, y algunos registraban 10, 20 o 30 en una jornada. Toledo precisó que la concesionaria pagaba directamente a quienes notificaban y no al juzgado.
La formalización incluye tres hechos de falsificación: la creación de expedientes que no correspondían al registro de ingreso del tribunal, la emisión de oficios falsos para pedir información al Registro Civil y los estampados falsos de notificaciones. El cohecho se imputa porque, con esos oficios, los funcionarios obtenían datos que sólo podían conseguir mediante una causa tramitada legalmente.
Para los automovilistas afectados, el fiscal hizo una distinción. Las personas demandadas sí tenían deudas por no pago de TAG, pero el procedimiento estaba mal hecho y muchas nunca supieron que habían sido notificadas. "Esa notificación nunca llegó a manos de las personas que estaban siendo demandadas", sostuvo.
El caso salió a la luz a fines de 2020, cuando el entonces nuevo juez de Policía Local de La Granja, Felipe Ahumada, detectó centenares de notificaciones irregulares, según La Tercera. La formalización llegó recién este año.
La Fiscalía todavía no determina el monto total involucrado. Toledo indicó que se levantó el secreto bancario de los imputados y que no descarta nuevos involucrados. El tribunal fijó un plazo de 120 días para la investigación.
