La Superintendencia de Pensiones abrió un procedimiento sancionatorio contra las siete AFP (administradoras de fondos de pensiones) del sistema por la caída del fondo E, según Emol. El proceso podría extenderse por unos nueve meses.
El regulador tomó la decisión tras terminar su fiscalización sobre las pérdidas de los fondos D y E. Las siete administradoras siguieron una estrategia común: invertir en derivados financieros, contratos cuyo valor depende de otra variable, en este caso las tasas de interés de Estados Unidos.
El resultado se ve en la cartola. El fondo E, el más conservador y donde suelen estar quienes están cerca de jubilar, acumula una rentabilidad real negativa de 10,39% entre enero y septiembre. Para ponerlo en simple, si tenías $10 millones ahí en enero, en septiembre valían cerca de $8,96 millones en términos reales.
El foco está en el deber de "lealtad y diligencia", contenido en el decreto ley 3.500, que rige el sistema de pensiones, y en una Norma de Carácter General de julio de 2025. Esa obligación exige a las AFP cuidar una adecuada rentabilidad y seguridad de las inversiones. Es el llamado deber fiduciario: el estándar de cuidado que se le exige a quien administra plata ajena.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, dijo que el objetivo es determinar si las pérdidas responden a la naturaleza propia de la gestión o si hubo "descuido, negligencia o actitud temeraria por parte de las AFP". Respaldó al regulador, aunque aclaró que a este no le corresponde definir inversiones, y recordó que por ley los directores que faltan a su deber de diligencia responden con su patrimonio.
El proceso lo encabeza el fiscal de la Superintendencia, Mario Valderrama. Según contó a El Mercurio, él y el superintendente Joaquín Cortez acordaron separar la formulación de cargos de la decisión final, como señal de independencia.
La primera etapa es la formulación de cargos. Un equipo de ingenieros, auditores y abogados revisa sesiones de directorio y de comités de inversiones, además de los incentivos de cada ejecutivo. Luego cada AFP presenta sus descargos y evidencias, y al final el superintendente resuelve sobre la sanción que proponga la fiscalía.
Estos procesos suelen cerrarse en seis meses, pero los plazos son prorrogables. Valderrama estima que, por la complejidad del caso, este se acercaría a los nueve meses. La fuente no detalla montos posibles de multas.
Para fijar las sanciones pesarán la gravedad del incumplimiento, un eventual provecho de la administradora, el impacto sistémico, el grado de involucramiento y la reincidencia. Como atenuantes, el fiscal destacó la colaboración y, sobre todo, que una AFP decida por iniciativa propia compensar a los afiliados afectados. Ese es el punto que más le importa a tu bolsillo.
Valderrama advirtió que respetar los límites regulatorios no basta: "No es una cuestión del cuánto, sino del por qué se tomó la decisión".
En paralelo, al menos cuatro recursos de protección llegaron a tribunales contra Capital, UNO, Habitat y Modelo. Uno, de un afiliado de AFP Capital cuyos ahorros bajaron de $94,5 millones en abril a $86,4 millones en octubre, fue declarado inadmisible por la Corte de Santiago, que estimó que la protección no era la vía idónea.
También hay dos acciones penales por eventual administración desleal: una del diputado José Montalva y otra de Daniel Manouchehri y la senadora Daniella Cicardini. La Coordinadora No+AFP reúne cartolas para evaluar demandas colectivas.
Los expertos ven difícil el camino judicial. "No basta con argumentar que hubo un error", dijo a El Mercurio Patricio Zapata, académico de la UC, quien agrega que hay que acreditar un derecho indubitado y recurrir dentro de 30 días. Eduardo Cordero, de la PUCV, sostuvo que es muy excepcional que se acojan protecciones en sectores tan regulados.
Sobre la restitución de fondos hay discrepancia. Zapata cree que cuantificar perjuicios podría requerir un juicio civil. Tomás Jordán, de la U. Alberto Hurtado, afirma que si se acredita una vulneración constitucional, la corte podría ordenar restablecer los fondos.
El precedente de las Isapres, con recursos masivos y órdenes de restitución, asoma como referencia. Zapata advierte que un primer fallo favorable podría gatillar una ola de recursos. Catalina Salem, de la UDD, matiza: la actual Corte Suprema se ha mostrado "más reacia" a resolver estas materias por la vía de la protección.