El Presidente José Antonio Kast aseguró este jueves en Talca que la polémica sobre la descoordinación interna en La Moneda quedó superada, luego de su visita a la cárcel La Laguna por el traslado de internos de alta peligrosidad.
Kast llegó al recinto penitenciario acompañado por sus ministros de Seguridad, Interior y Justicia, y conversó con vecinos de la zona sobre sus inquietudes por la llegada de los reos. El traslado afectó a más de 600 reos de alta peligrosidad, según informaron las autoridades en el lugar.
Durante las rondas de prensa, el mandatario también respondió por las críticas surgidas a raíz del requerimiento presentado ante el Tribunal Constitucional, el organismo que revisa la constitucionalidad de las leyes en Chile. La controversia se profundizó después de que Claudio Alvarado, biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, reconociera que desconocía la presentación del recurso, lo que abrió un flanco por falta de coordinación interna.
Las críticas al operativo carcelario provinieron, entre otros, de Carlina Tohá y Luis Cordero, ambos exministros del gobierno de Gabriel Boric, quienes cuestionaron aspectos de la implementación y traslado. El Presidente evitó entrar en una discusión personal con ellos y enfatizó que prefiere mostrar resultados por sobre las críticas.
La disputa por el recurso ante el Tribunal Constitucional se inserta en un debate mayor sobre la llamada megarreforma, específicamente en la norma que obliga a reconectar gratuitamente servicios básicos como agua, electricidad y gas en zonas afectadas por catástrofes. El episodio expuso la fragmentación entre algunas áreas del Ejecutivo y reabrió tensiones en la coalición oficialista, que semanas atrás ya había vivido fricciones tras la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau.
Políticamente, Kast busca cerrar un flanco de gobernabilidad y restaurar la percepción de control en su administración. Gana una narrativa de gestión activa al encabezar operativos de seguridad y reuniones con ministros. Pierde, por ahora, en la percepción pública sobre coordinación interna, una debilidad que la oposición puede explotar en futuras fiscalizaciones y proyectos legislativos.
Para el ciudadano, la polémica tiene dos efectos concretos: 1) las decisiones sobre seguridad y traslados penales se traducen en políticas locales que afectan la convivencia en comunas como Talca; 2) el recurso al Tribunal Constitucional puede definir la capacidad del Estado para garantizar reconexiones gratuitas tras catástrofes, un tema que incide en hogares vulnerables.
Kast cerró diciendo que "está todo absolutamente aclarado" y presidió más tarde un comité de seguridad para resolver dudas operativas; el Ejecutivo mantiene vigente el requerimiento ante el Tribunal Constitucional y la disputa por coordinación interna quedó marcada por la declaración pública de Claudio Alvarado de no haber conocido la decisión del recurso y por el traslado, este jueves, de más de 600 internos a la cárcel La Laguna en Talca.
