Con cámaras aéreas, tomas desde vehículos y una transmisión por la señal oficial, el Gobierno acompañó el traslado de 687 reos de alta peligrosidad a la cárcel La Laguna, en Talca, que presentó como la Operación Cancerbero. El presidente José Antonio Kast calificó la jornada como un día histórico, y los ministros y las policías de orden público, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), monitorearon el operativo en directo.

La transmisión incluyó gráficas, registros desde distintos puntos del recorrido y, según registros difundidos por la propia administración, videos musicalizados con canciones de Metallica y NSYNC. El ministro de Seguridad, Martín Arrau, dijo que "el cambio de mano y de rumbo se demuestra con hechos", en referencia a las nuevas medidas de control interno anunciadas para los internos.

Las medidas anunciadas establecen un régimen de máxima seguridad: celdas individuales, visitas restringidas, prohibición del uso de dinero circulante, uso de uniforme y custodia permanente. Desde el punto de vista operativo, la oposición valoró el traslado pero cuestionó la puesta en escena comunicacional.

El senador chileno Diego Ibáñez valoró que los internos más peligrosos hayan sido trasladados, pero acusó al Ejecutivo de transformar el operativo en una "estrategia de marketing" y en un acto populista para mejorar en las encuestas. Varios parlamentarios de oposición calificaron el despliegue como un "show" y hablaron de una "performance bukeliana", en alusión al presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Bukele es el presidente salvadoreño conocido por exhibir públicamente operaciones de seguridad y por un estilo comunicacional muy visible en redes y medios.

El precedente regional de exhibiciones públicas en seguridad explica parte de la crítica. Políticamente, el principal beneficiario inmediato es el Gobierno, que obtiene visibilidad sobre una acción concreta en seguridad. Los perdedores pueden ser la discusión técnica sobre políticas penitenciarias y la fiscalización del gasto público, que según la oposición quedan en segundo plano cuando el foco es la puesta en escena.

Además del debate político, la puesta en escena abre preguntas prácticas para la ciudadanía: transparencia sobre recursos destinados al operativo y efectividad de las medidas para reducir la violencia en el largo plazo. Presidencia no entregó detalles sobre los costos asociados al despliegue comunicacional, una ausencia que los críticos han resaltado como central para evaluar si la operación prioriza gestión o marketing. El traslado fue de 687 reos a la cárcel La Laguna, en Talca, bajo un régimen de máxima seguridad, y la Presidencia aún no ha informado las cifras de gasto vinculadas a la transmisión y al equipo de comunicaciones.