Andrés Velasco, economista y exministro de Hacienda de Chile, afirmó en declaraciones recientes que el principal reto del gobierno de José Antonio Kast no será económico, sino político e institucional: antes de debatir recortes fiscales o políticas migratorias, el Ejecutivo entrante debe probar que actuará con estricto apego a la ley y el orden.

Velasco cuestionó la concreción de las propuestas difundidas durante la campaña. Según el exministro, Kast "dijo muy poco, fue el rey de la evasión" y lo que anunció parece, en su evaluación, difícil de llevar a la práctica. En ese punto destacó que el recorte de US$ 6.000 millones y la expulsión de 337.000 migrantes son medidas que, a su juicio, no se materializarán, y que incluso integrantes del equipo económico de la política chilena Evelyn Matthei señalaron públicamente la imposibilidad de alcanzar esos objetivos, según el propio Velasco.

El economista ubicó estas preocupaciones en un contexto internacional. Mencionó gobiernos de derecha populista como los de Donald Trump, ex presidente de Estados Unidos; Jair Bolsonaro, ex presidente de Brasil; Viktor Orbán, primer ministro de Hungría; y Rodrigo Duterte, ex presidente de Filipinas, que han tensionado límites institucionales en sus países. Velasco ilustró el riesgo con una referencia a presiones contra miembros de la Reserva Federal, el banco central de Estados Unidos, y afirmó "Esa es la política de la mafia. Y por lo tanto es algo que uno espera que no llegue a Chile". Añadió que preferiría ver al presidente electo más parecido a Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, que a figuras como Trump.

Más allá del liderazgo personal, Velasco apuntó al diseño institucional chileno como problema estructural. Explicó que Chile combina un presidencialismo fuerte con un sistema electoral proporcional, lo que suele dejar a presidentes elegidos en segunda vuelta sin mayorías claras en el Parlamento, dificultando aprobar reformas estructurales. Velasco advirtió que ese escenario es una traba real para cualquier impulso legislativo profundo del Ejecutivo entrante.

Esos límites institucionales se cruzan con desafíos fiscales inmediatos. El futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se reunió recientemente con el Consejo Fiscal Autónomo, el órgano que supervisa y asesora sobre las finanzas públicas, para analizar un déficit estructural estimado en 3,6% del PIB, según informes oficiales. A su vez, Quiroz está terminando de completar el equipo de la Dirección de Presupuestos, Dipres, que asumirá el 11 de marzo y deberá revisar las estimaciones fiscales. Las observaciones de Velasco dejan claro que sin confianza en el cumplimiento de la ley y sin un respaldo parlamentario sólido, será mucho más difícil avanzar en ajustes fiscales ambiciosos.

En el plano político inmediato, la tensión entre el presidente electo José Antonio Kast y el actual mandatario Gabriel Boric, incluida la suspensión de bilaterales de traspaso y la reacción del Congreso, muestra que la fase de instalación del gobierno tendrá un componente de conflicto institucional que podría afectar la gobernabilidad y la aprobación de políticas clave.

La advertencia de Velasco invita a mirar con atención los primeros pasos del gobierno de Kast: comprobar cómo se traduce en práctica el compromiso con la legalidad, cómo se articulará la relación con el Congreso y cómo el nuevo equipo económico enfrentará la realidad fiscal. Para Chile, la prueba no es sólo retórica, es la condición para que medidas sobre gasto público, migración y seguridad puedan implementarse sin fracturar la institucionalidad ni reducir la estabilidad económica del país.