La desaladora de Coquimbo tiene en evaluación ambiental solo la planta que producirá el agua, pero no las obras para transportarla hasta sus puntos de entrega, según Diario Financiero. Expertos consultados por ese medio advierten que el desfase puede retrasar el proyecto y elevar sus costos.
El gobierno del entonces Presidente Gabriel Boric anunció en octubre de 2024 el ingreso del proyecto al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA, el sistema que revisa si una obra cumple la normativa ambiental). La iniciativa busca enfrentar la crisis hídrica en una de las regiones más afectadas por la sequía.
El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ingresado ese año supone una inversión de US$ 318 millones. Según los antecedentes presentados al SEIA, abarca únicamente las obras de captación y producción de agua multipropósito. La infraestructura de conducción quedó para una segunda etapa, cuyo estudio aún no ingresa.
La Dirección General de Concesiones (DGC), dependiente del Ministerio de Obras Públicas (MOP), informó que el EIA de las obras de conducción está en licitación pública. La adjudicación se estima para fines de 2026 y el ingreso formal al SEIA, para fines de 2027.
La DGC proyecta obtener la Resolución de Calificación Ambiental (RCA, el permiso ambiental que aprueba un proyecto) de esas obras a más tardar en el segundo trimestre de 2029.
Agustín Martorell, director de la Asociación Chilena de Desalación y Reúso (Acades), explicó que los tiempos distintos de tramitación introducen incertidumbre en plazos y costos. A su juicio, el estudio de la conducción podría tomar entre dos y tres años, o más en casos complejos.
Martorell sostuvo que evaluar las tuberías puede ser tan complejo como evaluar la planta, porque atraviesan territorios extensos con condiciones ambientales y sociales distintas. "Ese desfase puede postergar la entrega efectiva de agua", afirmó. Agregó que las impugnaciones administrativas o judiciales también podrían seguir caminos separados.
El abogado ambiental Jorge Cash planteó dudas sobre la evaluación de la propia planta. Indicó que los organismos técnicos han advertido brechas de información y que el MOP ha pedido extender la suspensión del procedimiento para responder observaciones. "Esa demora es preocupante", dijo.
La DGC descartó un riesgo de descoordinación en las condiciones actuales. Explicó que el contrato de concesión permite desarrollar las obras de producción de forma independiente y que la licitación del segundo EIA exige compatibilidad con la evaluación de la planta.
Según la DGC, la ingeniería de detalle tiene plazo de aprobación en el tercer trimestre de 2027, el mismo periodo en que proyecta terminar la tramitación ambiental de la planta. Cumplidos esos requisitos, podría comenzar la construcción. Sacyr, la empresa concesionaria, afirmó mantener su compromiso con el proyecto.
