El viernes por la tarde un avión militar de carga se salió de la pista del aeropuerto internacional de El Alto y, tras el accidente, los billetes que transportaba quedaron esparcidos en los alrededores, lo que derivó en disturbios y detenciones, según los relatos de autoridades locales y medios bolivianos.
La aeronave, un Hércules perteneciente a Transportes Aéreos Bolivianos (TAB), división de carga de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), había partido desde la ciudad de Santa Cruz y llevaba una remesa de moneda local sin valor legal destinada al Banco Central de Bolivia (BCB) para su posterior monetización. En el lugar llegaron miles de personas que intentaron llevarse el dinero, y los bomberos intentaron primero dispersarlas con agua. Posteriormente la Policía empleó gases lacrimógenos y se desplegaron militares, mientras que hubo agresiones contra agentes, periodistas y personal de salud presentes.
En las horas posteriores al accidente se registraron múltiples detenciones por los desórdenes. En una audiencia cautelar telemática que se prolongó por varias horas, el Juzgado Primero de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres de El Alto, a cargo del juez Marco Antonio Amaru, resolvió enviar a prisión preventiva por cuatro meses a 19 personas; la medida fue solicitada por el Ministerio Público.
En esa audiencia comparecieron 34 detenidos en total. La resolución asignó a quince de los imputados cumplir la prisión preventiva en el penal de Patacamaya, ubicado en el Altiplano de La Paz; uno en el Centro de Reinserción Social para Jóvenes "Qalauma", también en La Paz; y tres en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes. Además, se dictó detención domiciliaria para otras 14 personas y una persona quedó en libertad plena. Los investigados enfrentan cargos que incluyen robo agravado, instigación pública a delinquir y daños a bienes del Estado.
Las autoridades bolivianas confirmaron que el accidente dejó 24 muertos; la nota de referencia carece de una cifra completa sobre los heridos, por lo que la cantidad de lesionados no puede precisarse con la información disponible. Tampoco se detalla en la documentación pública citada la causa técnica del siniestro: la investigación sobre la caída del avión está en curso y corresponde a los organismos competentes en Bolivia determinarla oficialmente.
El episodio combina dos frentes: la emergencia aérea que causó víctimas fatales y la respuesta ciudadana ante el hallazgo de billetes sin valor legal, que desbordó la capacidad de control inmediato de bomberos y policías. Para el Ministerio Público y el Poder Judicial bolivianos la prioridad, por ahora, es esclarecer los hechos vinculados al saqueo y asegurar la cadena de responsabilidad penal, mientras que las pericias sobre el accidente aéreo siguen separadas y sin conclusión pública.
En lo inmediato, las medidas cautelares impuestas por el juez Marco Antonio Amaru quedan vigentes por cuatro meses, plazo en el cual el Ministerio Público continuará recopilando pruebas para formalizar o ampliar las imputaciones. Las autoridades penitenciarias y los tribunales de El Alto y La Paz son las encargadas de ejecutar las órdenes de reclusión y de supervisar los regímenes de detención domiciliaria dictados en la audiencia.