La ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, presentó este viernes un proyecto de ley de resguardo contra la explotación sexual de niños en residencias, según La Tercera. La iniciativa busca entregar herramientas legales a los directores de esos recintos para actuar ante amenazas graves.
El anuncio llega en un momento delicado para el Gobierno. El ministro de Justicia, Fernando Rabat, rebajó la condena a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad. Tras las críticas, el Ministerio de Justicia suspendió temporalmente la tramitación de ese tipo de decretos.
Wulf defendió la gestión del Ejecutivo. Según la ministra, el Gobierno "lo que ha estado haciendo es trabajar por la protección de los niños". Agregó que espera "un debate a la altura" para aumentar la protección de la infancia en el país.
De acuerdo con lo informado por La Tercera, el proyecto otorga respaldo legal a los equipos de las residencias para intervenir a tiempo frente a adultos y redes criminales que captan, amenazan o explotan a los niños bajo su cuidado. Las facultades alcanzan a los directores de residencias de administración directa y también a los de colaboradores acreditados.
Las medidas van desde restringir el ingreso de terceros ajenos a los establecimientos hasta limitar comunicaciones, horarios y salidas. Según el ministerio, solo podrán aplicarse cuando sean estrictamente necesarias ante un riesgo grave e inminente que no pueda evitarse por otros medios.
Esas restricciones durarán 30 días, prorrogables una sola vez por el mismo período. Si el riesgo persiste, su continuidad requerirá autorización judicial. El ministerio aclaró que en ningún caso podrán usarse como castigo ni constituir tratos crueles o degradantes.
Para los niños amenazados de muerte o víctimas de explotación sexual, el texto contempla la reubicación en una residencia terapéutica o en una familia de acogida especializada, con reserva de su paradero. Esa decisión exigirá siempre autorización judicial.
El proyecto también fija controles internos y externos. El director regional del Servicio podrá revisar, suspender, modificar o terminar las medidas, y deberá realizar visitas de supervisión.
La fuente no precisa la cámara de ingreso ni los plazos de tramitación en el Congreso. Por ahora, el proyecto debe iniciar su discusión legislativa mientras sigue suspendida la tramitación de nuevos decretos de rebaja de condena.
