Javiera Blanco pierde su demanda civil contra el CDE en la que exigía una indemnización de casi $400 millones EL juez Luis Quezada determinó que no hubo presiones de la entonces presidenta del CDE para que Blanco renunciara de su cargo y no se acreditó la falta de servicio. La exministra apeló y esto será resuelto en segunda instancia por la Corte de Santiago.
Fue el 14 de febrero de 2017 cuando la exministra del Trabajo y de Justicia del segundo gobierno de la expresidente Michelle Bachelet, la abogada Javiera Blanco, asumió en uno de los cargos más codiciados en el mundo jurídico: el de consejero del Consejo de Defensa del Estado (CDE). Al recibir el nombramiento de Bachelet, la exministra ganaba un cupo en un oficio cuyo sueldo rondaba los $8 millones mensuales y que le aseguraba su puesto hasta los 75 años.
Sin embargo, un año y ocho meses después de que se le otorgara el cargo, presentó su renuncia. Cuatro años después de su salida, el 22 de septiembre de 2022, Blanco presentó una demanda de indemnización de perjuicios ante el Cuarto Juzgado Civil de Santiago en contra del CDE, una acción judicial que nunca antes había sido realizada por un exconsejero de la institución.
La exministra, por supuestas presiones que derivaron en su renuncia, pidió una compensación de “$387.733.776 por concepto de lucro cesante, más daño moral estimado en $88.855.657”. Entre los argumentos presentados al juzgado, la defensa de la exministra -representada por el abogado Andrés Astudillo- sostuvo que “mientras la demandante se encontraba ejerciendo funciones como Consejera del Consejo de Defensa del Estado, y luego de haber participado en tal calidad en tres casos de relevancia pública, como lo fueron el Caso Gendarmería, Causa por Gastos Reservados y Causa Sename/Ascar, habría sido objeto de instrucciones particulares y subjetivas que dificultaron o impidieron la concurrencia de condiciones adecuadas para el ejercicio de sus funciones, por parte de la entonces Presidenta de la institución, con el fin último de lograr su renuncia al cargo”.
El CDE, por su parte, reiteró ante el tribunal que “la actora renunció de forma voluntaria a su cargo de Consejera del Consejo de Defensa del Estado, mediante escrito de 12 de octubre de 2018, la cual fue aceptada a través de Decreto Supremo Nº1407 de 25 de octubre de 2018, del Ministerio de Hacienda, en la cual no consta palabra o expresión de la cual sea posible desprender alguna suerte de presión o vicio en el consentimiento”. Entre envíos de documentos y respuestas por parte de Blanco y el CDE, la causa finalmente vio su resolución el pasado 31 de diciembre del 2025.
