El Consejo de Defensa del Estado (CDE), organismo que representa judicialmente los intereses del Estado, presentó este viernes una querella criminal contra el juez Gonzalo Quiroz, del Segundo Juzgado de Letras de Arica. Lo acusa de ser autor de los delitos de prevaricación, cohecho y falsificación de instrumento público.
Según informó BioBioChile, la acción la presentó la Procuraduría Fiscal del CDE en Arica ante el Juzgado de Garantía de esa ciudad. La querella apunta además contra quienes resulten responsables.
En la misma acción figuran el receptor judicial Luis Bardi y el cartógrafo Carlos Falcon (T13 escribe su apellido como Falcón). A ambos se les imputan los delitos de soborno y presentación de prueba falsa en juicio.
La prevaricación es el delito que comete un juez cuando dicta una resolución contraria a la ley a sabiendas. El cohecho corresponde a recibir dinero u otro beneficio a cambio de un acto propio del cargo. El soborno es la figura de quien ofrece o entrega ese pago.
De acuerdo con la investigación que dirige el Ministerio Público, los imputados se habrían coordinado con el magistrado para obtener una resolución favorable. El objetivo era inscribir un plano de subdivisión de un predio agrícola del Valle de Lluta, que pertenece a la Cooperativa Agrícola Valles Hermosos Limitada.
Esa inscripción ya había sido rechazada por el Conservador de Bienes Raíces y por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), porque no cumplía los requisitos legales. El propio juez Quiroz había rechazado la solicitud en dos oportunidades anteriores.
El CDE sostiene que, mediante el pago de una cantidad de dinero, se logró que el tribunal dictara la resolución que permitió la inscripción en el Conservador. Las fuentes no precisan el monto ni la fecha de esa resolución.
Para el organismo, la resolución era claramente improcedente porque existía un loteo irregular que contraviene la Ley General de Urbanismo. Según la querella, el juez omitió ese hecho en la inspección personal que realizó al terreno.
El CDE afirma que hubo un acuerdo, motivado por el soborno, entre el perito, el solicitante y el juez. Agrega que se aportó prueba falsa en juicio y se falsificó la inspección personal. Las fuentes no identifican al solicitante ni entregan el número de causa (RIT o RUC).
Las acusaciones corresponden a la versión del CDE y del Ministerio Público. Las fuentes no recogen descargos del juez ni de los otros dos imputados, que mantienen la presunción de inocencia.
El caso está en etapa de investigación y aún no hay formalización, es decir, la audiencia en que la Fiscalía comunica cargos a los imputados ante un juez de garantía. El próximo paso depende de que el tribunal admita la querella y de las diligencias que haga el Ministerio Público.
