El Juzgado de Garantía de La Serena decretó este sábado la prisión preventiva de dos médicos. La Fiscalía Metropolitana Oriente los investiga por emitir de forma masiva licencias médicas falsas, con un perjuicio estimado en más de $11 mil millones para el Fondo Nacional de Salud (Fonasa).
Según informó La Tercera, el tribunal identificó a los imputados solo por sus iniciales, C.F.P.V. y F.J.D.W. Ambos fueron formalizados por emisión fraudulenta de licencias médicas y fraude de subvenciones estatales. La formalización es el acto en que la Fiscalía comunica a una persona, ante un juez, que la investiga por delitos determinados.
A F.J.D.W. el Ministerio Público le imputa además el delito de lavado de activos. Los dos médicos viven en La Serena. Según Meganoticias, fueron detenidos en esa ciudad y por eso la audiencia se hizo allí.
La resolución judicial atribuye 16.718 licencias a C.F.P.V., emitidas desde 2023. A F.J.D.W. se le imputan 4.537 en cerca de un año. El fiscal Álvaro Pérez, de la unidad especializada de la Fiscalía Metropolitana Oriente, explicó que esos documentos habrían permitido cobrar de forma irregular subsidios por incapacidad laboral pagados con fondos de Fonasa.
"Uno de los médicos, del año 2023 a la fecha emitió 16.000 licencias aproximadamente con perjuicios por sobre los 8.000 millones de pesos", dijo el fiscal tras la audiencia. En el caso del segundo médico, Pérez calculó un perjuicio cercano a los $3.000 millones.
Meganoticias detalló otros antecedentes de la investigación. Las consultas no habrían superado los ocho minutos y los reposos se concentraban en periodos de 11, 15, 21 y 30 días. Cerca del 90% de las licencias se asociaba a trastorno de ansiedad generalizada y otros trastornos mentales y del comportamiento.
Según el mismo medio, la indagatoria sostiene que los imputados también habrían vendido licencias a particulares sin diagnóstico previo, a precios de entre $70.000 y $120.000. Las fuentes no mencionan la versión de las defensas ni el número de causa (RUC o RIT, los códigos con que la Fiscalía y los tribunales identifican cada caso).
La prisión preventiva es una medida cautelar: los imputados quedan presos mientras dura la investigación y no se trata de una condena. Los dos siguen amparados por la presunción de inocencia. El tribunal fijó un plazo de 90 días para que la Fiscalía termine las diligencias. Cuando se cumpla, la Fiscalía podrá decidir si presenta una acusación.
