El ministro de Justicia, Fernando Rabat, descartó dejar su cargo pese a las críticas por las rebajas de condena que se concedieron a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores, según Emol. "No, no he pensado renunciar", respondió el secretario de Estado en una entrevista con El Mercurio.
Rabat dijo que el Presidente José Antonio Kast lo invitó a un proyecto que llamó "servir a Chile". "Espero acompañar al Presidente durante cuatro años", agregó.
Junto con responder a las críticas, el ministro anunció que el Ejecutivo prepara un proyecto de ley. Espera enviarlo al Congreso durante la próxima semana.
Según Rabat, la iniciativa excluirá de forma expresa del beneficio a los condenados por violación contra niños, niñas y adolescentes. También dará más participación a las víctimas y establecerá un control judicial de las resoluciones.
El ministro reconoció que la polémica dejó a la vista un vacío legal. "Lo que realmente acá faltó fue una mayor consideración a la situación de la víctima, que no está regulada en la legislación", afirmó. La fuente no detalla el mecanismo exacto con que se otorgaron las rebajas.
Sobre las responsabilidades, Rabat culpó a las administraciones anteriores por no cambiar la ley. "En cuatro años en que tuvieron decenas de solicitudes de rebaja, en que tuvieron centenas de sentencias de la Corte Suprema, sí debió abordarse el problema legislativo y eso no se hizo", sostuvo.
En el oficialismo hubo defensas y críticas. El jefe de la bancada republicana, Benjamín Moreno, acusó a la izquierda de oportunismo y planteó que el Congreso también falló cuando aprobó la ley de 2022 sin advertir el vacío. Por su parte, el diputado de Evópoli Jorge Guzmán cuestionó que el beneficio siguiera vigente en los gobiernos de Gabriel Boric y de Kast. Guzmán pidió prohibir estas rebajas y poner a las víctimas en primer lugar.
La crisis coincidió con el debut del exdiputado Gonzalo Arenas como vocero de gobierno. Rabat enfrenta además la amenaza de una acusación constitucional, el mecanismo con que el Congreso puede destituir a un ministro. El envío del proyecto de ley, previsto para la próxima semana, será su primera prueba concreta.
