Según Ex-Ante, al menos seis diputados del Partido de la Gente (PDG) rechazan acusar constitucionalmente al ministro de Justicia, Fernando Rabat. Esa postura complica a la oposición, que este viernes pidió al Presidente José Antonio Kast sacarlo del cargo.
El origen de la crisis es la rebaja de condenas a 56 sentenciados por delitos sexuales contra menores. De acuerdo con el medio, el Ministerio de Justicia visó esos beneficios entre marzo y septiembre.
Las bancadas del PS, PC, PPD, Frente Amplio, Partido Liberal y DC difundieron una declaración conjunta. En ella anunciaron que hasta el próximo miércoles evaluarán presentar una acusación constitucional (AC), el mecanismo con que la Cámara puede perseguir la responsabilidad política de un ministro. Ex-Ante la describe como la mayor ofensiva opositora contra un integrante del gabinete de Kast.
La aritmética es estrecha. La centroizquierda reúne 65 diputados y necesita a los 14 del PDG. El oficialismo y el Partido Nacional Libertario suman 75 votos y sus jefes de bancada ya se declararon en contra.
El PDG discutirá el tema el lunes en la tarde. Según el medio, el grupo de WhatsApp de la bancada muestra al menos seis rechazos y la cifra podría crecer. El escenario más probable, agrega, es la libertad de acción.
Quienes se oponen pertenecen al círculo de decisión de Franco Parisi, excandidato presidencial y líder del partido. Argumentan que no quieren verse como satélite de la izquierda y prefieren impulsar proyectos que excluyan a los condenados por delitos sexuales de las rebajas de pena.
La diputada Pamela Jiles, con peso interno en el PDG, elogió a Rabat. Sin embargo, pidió al gobierno revertir los 56 decretos para frenar la AC. "Por impopular que suene de cara a la gente, eso significa que va a salir el mejor ministro de este gobierno", advirtió.
La Moneda reaccionó al tercer día. Kast recibió a los presidentes de los partidos oficialistas en una cita de las 8.30, pensada para revisar prioridades legislativas y que terminó dominada por el caso. Hasta el jueves, ningún dirigente de gobierno había defendido públicamente al ministro.
Tras el encuentro, Arturo Squella, presidente del Partido Republicano, sostuvo que resulta "absurdo" acusar a un secretario de Estado por cumplir la ley. Guillermo Ramírez, líder de la UDI, culpó tanto a una ley poco clara como a los tribunales. Días antes, un senador republicano había calificado la decisión de "inaceptable".
Justicia, en paralelo, suspendió de forma temporal los decretos de rebaja que aún pueden detenerse. La medida no toca los ya ejecutoriados. En su comunicado, la cartera reconoció un "vacío legal" en las restricciones para condenados antes de 2022, un cambio frente a la tesis de irretroactividad penal que Rabat sostuvo durante dos días.
El gobierno dará discusión inmediata a mociones parlamentarias y estudia modificar el procedimiento del beneficio por conducta intachable. Rabat conversó con la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), y con el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI).
La defensa jurídica del ministro, centrada en una jurisprudencia "bastante generalizada" de la Corte Suprema, mostró grietas. La presidenta del máximo tribunal, Gloria Ana Chevesich, no respaldó la existencia de una doctrina asentada. Además, un fallo de febrero validó que Justicia negara el beneficio a un condenado de 2014.
El subsecretario Gonzalo Arenas llevó la discusión al terreno político. Afirmó que el gobierno no está conforme con las rebajas y que Kast respalda a Rabat porque cumplió la ley. También exhibió un decreto firmado por el exministro Jaime Gajardo (PC). La decisión opositora llegará a más tardar el miércoles.
