En la Plaza de Puente Alto, este lunes Matías Toledo, alcalde de Puente Alto, fue increpado por comerciantes desalojados luego de acciones municipales en el centro histórico.

La Municipalidad informó que la decisión se basó en una consulta ciudadana en la que, según el municipio, el 59% de los vecinos votó por retirar el comercio ambulante de la Plaza de Puente Alto. La autoridad dijo además que detectaron irregularidades en los permisos y que había 268 permisos precarios otorgados a personas instaladas en el casco histórico.

Los comerciantes que protestaron cuestionaron la medida y mostraron permisos que, según ellos, acreditan su derecho a vender. Varios señalaron que sus autorizaciones eran temporales, y objetaron la consulta ciudadana al afirmar que hubo votantes que no residían en la comuna. "¿Por qué nos mintió? Usted nos fue a pedir el voto", dijo uno de los manifestantes, según registros del canal T13 y la emisora radio ADN.

En una conferencia en un edificio municipal cercano, el alcalde respondió que "nadie está por sobre la ley" y defendió la intervención. Toledo afirmó que el casco histórico debe ser un espacio para los vecinos, que muchos evitan el centro por inseguridad, y sostuvo que algunos vendedores con años en el lugar llegaban a obtener ingresos de varios millones de pesos, según sus palabras.

El municipio también comunicó que, al verificar domicilios, varios titulares de permisos residían en otras comunas, entre ellas La Pintana, La Granja y Pirque. La Contraloría General de la República, el organismo fiscalizador del Estado, fue invocada en el discurso del alcalde como referencia de control legal sobre el procedimiento.

Este conflicto reproduce una tensión histórica en la Región Metropolitana entre la regulación del espacio público y la subsistencia de vendedores informales. Quienes ganan con el ordenamiento son los vecinos y comercios formales que buscan recuperar el centro; quienes pierden son los comerciantes ambulantes, cuya fuente de ingresos queda en disputa.

La situación queda abierta a impugnaciones y revisiones administrativas. El municipio asegura que actuó conforme a la consulta y a la ley; los comerciantes desacreditaron ese proceso y anunciaron cuestionamientos, según las declaraciones públicas citadas por los medios. El desenlace dependererá de las acciones legales y de las decisiones administrativas que se presenten en los próximos días.